Primeras condenas en Rusia tras la declaración del «movimiento LGTBI internacional» como organización extremista

Dos tribunales rusos ya han sentenciado sendos casos en los que han aplicado la reciente resolución del Tribunal Supremo que declaraba al «movimiento LGTBI internacional» como organización extremista. Como la exhibición de símbolos de este tipo de organizaciones está penalizada, la publicación online de fotografías de la bandera LGTBI o unos accesorios con un arcoíris han sido suficientes para condenar a dos personas en los tribunales. Un tercer caso se espera que quede resuelto en pocos días.

Una vez que el pasado 30 de noviembre de 2023 el Tribunal Supremo ruso incluyese al inexistente «movimiento LGTBI internacional» dentro de las organizaciones extremistas, comienzan a sucederse las detenciones y sentencias por la exhibición de símbolos de ese movimiento ficticio.

El martes 30 de enero, Artyom P. fue condenado a una multa de 1000 rublos (10 euros) por un tribunal de Volgogrado. Su delito fue publicar en la red una fotografía de la bandera LGTBI, que el tribunal consideró «un símbolo de una organización extremista». El castigo fue leve por la aceptación del delito por parte del acusado y las muestras de arrepentimiento.

En el otro caso, sentenciado el lunes 29 del mismo mes por un tribunal de Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú, una mujer fue condenada a 5 días de detención administrativa tras la delación de un ciudadano. Según la organización de defensa de los derechos LGTBI Aegis, un hombre había exigido a la acusada, que se encontraba en una cafetería, que se quitase unos pendientes en forma de rana con la imagen de un arcoíris. Tras que el delator publicase en Internet un vídeo con imágenes de lo sucedido, la mujer fue llamada por la policía y tuvo que presentarse en comisaría.

El caso pendiente de sentencia afecta a la fotógrafa de 33 años Irina Mossina, cuyo juicio comenzó el 30 de enero en la región de Saratov. Según la ONG Pervy Otdel, la fotógrafa está acusada de publicar en sus redes sociales varias fotografías de la bandera LGTBI, lo que, de nuevo, es considerado como difusión de símbolos de una organización extremista. La investigación comenzó por parte un agente del departamento de lucha contra el extremismo, que pudo ver las fotografías del emblema LGTBI en la cuenta de Instagram de Mossina. A pesar de que esta red social está prohibida en Rusia, se puede acceder a través de VPN.

La ONG arguye que la citada sentencia del Tribunal Supremo no debe aplicarse en este caso, puesta que la investigación comenzó antes de que se publicase. También estima que el trabajo de Mossina en redes sociales es «una exposición digital de su obra, y la representación de la bandera arcoíris es una elección artística». La artista se enfrenta a una pena de hasta 15 días de detención administrativa.

La situación legal del colectivo LGTBI en Rusia

Desde que en el año 2013 fue aprobada la llamada ley contra la «propaganda homosexual ante menores», la legislación rusa ha seguido empeorando respecto a la situación de las personas LGTBI. El objetivo siempre ha sido invisibilizar la lucha por los derechos LGTBI y la mera existencia del colectivo. Cualquier información positiva sobre las orientaciones sexuales «no tradicionales» o de las distintas identidades de género quedaron marcadas como ilegales, se reprimieron y se castigaron con fuertes multas económicas. El festejo del Orgullo quedó prohibido, las banderas arcoíris o trans fueron vedadas en público y sus portadores fueron detenidos, sancionados e incluso encarcelados.

Pero todo empeoró en diciembre de 2022, cuando el presidente Vladimir Putin promulgó la reforma de esta ley, tras ser aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Parlamento ruso. Se eliminaba el requisito de que la «propaganda» fuera realizada ante menores y, de ese modo, se prohibió cualquier manifestación, información o creación que mostrase «relaciones no tradicionales» de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades de género a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans fueron castigados con fuertes sanciones. De hecho, la reforma de la ley supuso la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se consideraron «agentes extranjeros» o traidores a la patria, en una situación de guerra tras la brutal invasión de Ucrania.

El siguiente ataque a los derechos LGTBI fue dirigido específicamente y con absoluta crueldad contra el colectivo más vulnerable: las personas trans. El 31 de mayo de 2023, fue presentado un proyecto de ley en la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) en el que se establecía la prohibición de cualquier tratamiento médico, tanto farmacológico como quirúrgico, para la reasignación de género. El proyecto de ley fue aprobado en la cámara el 19 de julio, tras las tres lecturas pertinentes, por unanimidad de los representantes, dejando patente una vez más que el supuesto pluripartidismo del régimen autocrático ruso es una mera pantomima. Ese mismo día, se sometió a votación en el Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento). Se habían introducido varias enmiendas al texto inicial, que incluían la anulación de los matrimonios en los que uno de los cónyuges hubiera cambiado su sexo registral, así como la prohibición de que estas personas pudieran adoptar o acoger a niños. Tan solo unos días después, el 24 de julio, la ley era promulgada por el presidente Vladimir Putin. Desde esa fecha, las personas trans rusas dejaban de existir legalmente.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, en una sesión a puerta cerrada, el Tribunal Supremo ruso falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia que acusaba al «movimiento LGTBI» de incitar a la discordia social y religiosa. La sentencia del alto tribunal calificaba al «movimiento LGTBI internacional» como «organización extremista», poniendo en peligro cualquier forma de activismo o visibilidad de las personas LGTBI rusas. La legislación penal rusa castiga con hasta 12 años de cárcel el hecho de participar en una organización declarada como extremista, así como su financiación. Cualquier persona que exhiba símbolos de tales grupos se enfrenta a hasta 15 días de detención en la primera ocasión y hasta cuatro años de prisión si es reincidente. Existe una «lista de extremistas» en la que las autoridades incluyen a las personas sospechosas de estar implicadas en ese tipo de organización. Sus cuentas bancarias pueden ser congeladas y se les prohíbe presentarse a cargos públicos.

Como el supuesto «movimiento LGTBI internacional» no existe en realidad como organización, las corruptas autoridades judiciales podrán procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGTBI. Si la ley contra la «propaganda homosexual» establecía fuertes sanciones administrativas a la visibilidad LGTBI, la sentencia del Tribunal Supremo la convirtió en un delito grave penado con dureza.