La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica se opone al referéndum contra las «sociedades de convivencia» para parejas del mismo sexo
Pese a que, como adelantábamos ya en abril, los promotores del referéndum en Costa Rica contra el proyecto de sociedades de convivencia para parejas del mismo sexo no han reunido las firmas necesarias, el Tribunal Supremo Electoral de ese país centroamericano parece decidido a llevar adelante el proyecto. La Defensoría de los Habitantes ya ha mostrado su oposición rotunda a que se celebre dicho referéndum.
El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica parece haber tomado partido de forma evidente a favor de los opositores a conceder derechos a las parejas del mismo sexo. Pese a constatar de forma oficial que falta «un mínimo» de las firmas (unas 30.000), permitirá que éstas se sigan recolectando, anunciando además que la consulta podría ser convocada en diciembre.
Para la Defensoría de los Habitantes, la convocatoria de es reférendum se trataría de “un acto discriminatorio en sí mismo”. «La posibilidad de someter a consulta popular el derecho de las personas que conviven con personas del mismo sexo al reconocimiento de sus derechos personales y patrimoniales es, en sí mismo, restrictiva y, por ende, no puede ser compartido” ha añadido dicha institución.
El referéndum podría no tener consecuencia ninguna
Los defensores de los derechos LGTB recuerdan, de todas formas, que el proyecto de sociedades de convivencia, ya antiguo, que otorgaría a las parejas del mismo sexo un conjunto básico de derechos de carácter patrimonial, se encuentra en punto muerto, y que ya ha sido presentado otro proyecto promovido por la diputada socialcristiana Ana Helena Chacón, del cual también informábamos en abril.
El nuevo proyecto presenta algunas diferencias con el previo, con la intención de que pueda ser aprobado más fácilmente. Suprime aspectos ceremoniales y elimina de su título el término “civil”, para que no se pueda acusar a sus promotores de querer asemejarlo a la figura del matrimonio civil. De esta forma, el proyecto podría ser aceptado con mayor facilidad por la Asamblea costarricense, y no estaría amenazado por el posible referéndum al tratarse de un proyecto distinto. La iniciativa cuenta con el aval del colectivo LGTB Diversidad.