El que fuera primer militar gay casado en España denuncia su expulsión del Ejército tras haber sufrido acoso

Alberto Linero Marchena, el militar que junto a Alberto Sánchez Fernández protagonizó en 2006 la primera boda homosexual entre miembros del Ejército, ha denunciado su expulsión del mismo «tras sufrir dos años de amenazas, abusos y proposiciones».

Linero Marchena ha anunciado en un comunicado su expulsión con efectos a partir del próximo día 1 de septiembre de 2010, a pesar de que se encuentra de baja médica psiquiátrica expedida por el Hospital San Agustín de Dos Hermanas (Sevilla) desde noviembre de 2009.

Según el militar, en febrero de 2009, desde la Base Aérea de Morón de la Frontera se le solicitó una evaluación extraordinaria física y psicológica, a pesar de que, según su versión, con anterioridad ya había pasado las pruebas físicas «de manera óptima». Tras el reconocimiento realizado por la unidad de Psicología del Hospital de San Fernando, se le consideró «útil y apto» para el servicio, a pesar de lo cual sus superiores solicitaron valoración por un tribunal médico, que tuvo lugar en octubre de 2009 en el mismo hospital y de la cual volvió a ser declarado «útil y apto».

Sin embargo como consecuencia del tiempo transcurrido, perdió destino, lo que provocó su cese en la Base de Morón en julio de 2009. Finalmente, al soldado se le realizó un informe negativo para su exclusión del Ejército por «mal compañerismo y falta de rendimiento en el trabajo, durante el tiempo que no ejerció su trabajo». Linero asegura, sin embargo, haber recibido «proposiciones sexuales y haber sufrido acoso y tratamiento vejatorio» por parte de algunos de sus superiores e incluso de un sacerdote de la base.

Linero, que ofrecerá el miércoles una rueda de prensa en la Asociación de Transexuales de Andalucía, afirma que su expulsión «es un caso de persecución por homofobia, abusos y maltrato psicológico».

La versión de Defensa

Según afirma la versión del Ministerio de Defensa, recogida por El Mundo, Linera estuvo más de seis meses de baja, límite que obliga a pasar un nuevo examen médico. Por esta razón el militar tuvo que pasar una evaluación en febrero de 2009. Superó el examen, se le consideró apto y se le adjudicó destino.

Fue tras incorporarse cuando se produjeron una serie de problemas que desembocaron en una denuncia verbal contra varias personas, incluido el capellán de la base. El Ejército abrió una investigación interna, en la cual los acusados negaron haber amenazado o haber hecho proposiciones al soldado. Según Defensa, de la investigación «no se pudo deducir ningún tipo de conducta delictiva». No obstante, el Ministerio va a remitirla a la Fiscalía, para que la analice y valore por sí misma si hay indicio de delito.

Por otra parte, según Defensa, el soldado se sometió «a las evaluaciones pertinentes» con las que se deciden los ascensos o, en este caso, la conveniencia de renovar o no el contrato. Según afirma el Ministerio, su evaluación no fue favorable y se decidió no renovarle el contrato, «independientemente de su condición sexual o cualquier otra circunstancia».