La mayoría de los militares estadounidenses, de acuerdo con la presencia de gays y lesbianas en el Ejército

La mayoría de los militares de Estados Unidos no tiene problema alguno con la presencia de gays y lesbianas en el Ejército, según las primeras filtraciones de una macroencuesta llevada a cabo por el Pentágono y cuyos resultados no serán públicos hasta diciembre.

Como adelantamos en su momento, el Pentágono ha llevado a cabo a lo largo de los últimos meses una encuesta entre 400.000 militares para conocer su postura ante la posible derogación de la política de «Don’t ask, don’t tell», que impide a gays y lesbianas servir en el Ejército a no que ser que mantengan en secreto su orientación sexual (también han sido encuestados unos 150.000 cónyuges de militares). Aunque se desconoce cuántos militares han completado el cuestionario, al menos 103.000 lo habían hecho días antes de acabar el plazo.

La encuesta forma parte del proceso por el cual el Pentágono debe certificar que por parte de los militares no hay obstáculos a la medida, tal y como el acuerdo de mayo entre la Casa Blanca y los congresistas especificaba. Un acuerdo que permitió que la Cámara de Representantes aprobara la derogación, aunque retrasando su aplicación hasta diciembre y condicionada al visto bueno del Pentágono.

Un plan que se ha visto sin embargo saboteado por el Senado, en el cual el filibusterismo de los republicanos ha bloqueado la derogación del «Don’t ask, don’t tell». Todavía queda la posibilidad, sin embargo, de que la ley sea derogada por el Senado en la sesión “de rescate” que celebrará a finales de año, antes de que tomen posesión los nuevos senadores, y ya sin la presión de las elecciones que tienen lugar este martes. Esa es, en este momento, la gran apuesta de Obama, que a día de hoy parece complicada, dada la obstinación de los senadores republicanos más hostiles a la medida.

En paralelo a la batalla legislativa tiene lugar la batalla judicial. En septiembre, Virginia A. Philips, jueza federal de California, declaró inconstitucional la política de «Don’t ask, don’t tell». Sin embargo, la aplicación de la sentencia -que el Departamento de Justicia tiene intención de apelar- permanece en estos momentos en suspenso por decisión de la Corte de Apelaciones de San Francisco, y es muy posible que continúe así hasta que se resuelva la apelación.