El Gobierno murciano pone a disposición de la «Universidad Católica» recursos públicos en detrimento de su propia universidad pública

La ya famosa ponencia en la que la «profesora de Bioética» de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) cataloga a la homosexualidad de «enfermedad» y «perversión» ha puesto sobre la mesa el papel que las universidades privadas de ideología católica juegan en nuestro sistema educativo. A este respecto, en las últimas semanas ha sido noticia que el Gobierno de Murcia, en manos del Partido Popular, ha decidido poner al servicio de la UCAM los recursos públicos necesarios para que esta universidad pueda formar licenciados en Medicina. Según José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, se trataría de médicos educados «en las raíces del humanismo cristiano». La decisión cuenta incluso con la oposición de la propia Universidad de Murcia (la universidad pública dependiente del Gobierno murciano).

En una declaración institucional, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, tras conocer el convenio suscrito entre la UCAM y el Servicio Murciano de Salud, ha manifestado «su repulsa hacia el mismo por considerar que resulta lesivo para los intereses de la sociedad murciana y de su Universidad. Asimismo, consideramos que puede suponer una repetición de los problemas que desde hace unos años vienen sufriendo los alumnos de enfermería de nuestra Universidad, los cuales en reiteradas ocasiones han denunciado los privilegios, y consiguientes perjuicios para ellos, de que gozan los alumnos de la Universidad privada en el uso de bienes y servicios públicos, como consecuencia de la firma de convenios similares».

«La Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, ante la demanda de formación de profesionales de la medicina, ha respondido incrementando en los últimos tres años el número de alumnos de nuevo ingreso, aumento que ha supuesto prácticamente la duplicación de dicha Facultad de Medicina. La formación de médicos requiere del concurso de las instituciones sanitarias de la región, de tal manera que la práctica totalidad de los recursos clínicos del Servicio Murciano de Salud están a la disposición de la formación práctica de los alumnos de la Universidad de Murcia. Esto se ha hecho porque la formación de estos estudiantes exige de un número mínimo de camas clínicas (una cifra adecuada sería de 5 por alumno según criterios de la Organización Mundial de la Salud) para sus enseñanzas prácticas; así, el Servicio Murciano de Salud ha ofertado unas 2.100 camas para la docencia pregraduada de los estudiantes de Medicina, todas ellas necesarias para cumplir con los compromisos de ampliación del número de plazas en la facultad de Medicina de la Universidad de Murcia aludido anteriormente. De esta suerte, los mencionados convenios entre el Servicio Murciano de Salud y la UCAM suponen un sensible límite a las posibilidades de la Universidad de Murcia, pudiendo obligar a que ésta tenga que ajustar el número de alumnos de nuevo ingreso para mantener los actuales parámetros de calidad. Asimismo, estos convenios resultan gravemente lesivos para los intereses de los estudiantes de la Universidad de Murcia, ya que obligarían a aumentar el número de alumnos por cama clínica, con el consiguiente detrimento en su formación. Tal situación constituiría un fraude social al restringir las expectativas de la sociedad murciana que anhela una formación de calidad para sus graduados universitarios», continúa la declaración.

Lo curioso es que esta facultad privada a la cual se le permite el uso de los recursos sanitarios públicos ni siquiera existe todavía. Según la Universidad de Murcia, precisamente lo que persigue el convenio es permitir que a la UCAM se le autorice a abrir su facultad cuando ni siquiera va a contar con una clínica universitaria propia. En palabras del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia,  el acuerdo «tiene como finalidad facilitar a la Universidad privada la verificación por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación de la Titulación de Medicina, mediante la puesta a su disposición de servicios públicos necesarios para la Universidad de Murcia. Ello, además, se encuentra en abierta contradicción con reiteradas declaraciones de nuestros dirigentes políticos señalando que se exigiría a la UCAM una clínica universitaria privada como requisito ineludible para la implantación de la Titulación de Medicina. Ahora bien, la mayor reprobación que se puede realizar a este convenio es que el Servicio Murciano de Salud cede todas las instalaciones y el personal de los centros concertados para impartir docencia clínica y práctica a los alumnos de una Facultad de Medicina inexistente, para que cursen un plan de estudios desconocido, y comprometiéndose a prestaciones incompatibles con los convenios firmados con la Universidad pública, hasta el punto que su aplicación podría obligar a un profesor de la Universidad de Murcia a dar clase a alumnos de la UCAM».

Desde dos manzanas nos preguntamos si, en el caso de que esa facultad privada para formar «médicos cristianos» llegue a funcionar gracias a la ayuda del Gobierno murciano, ¿quién formará a sus alumnos en Bioética? ¿Gloria Tomás? ¿Qué formación recibirán esos alumnos cuando deban abordar, en sus temarios de Psicología o de Psiquiatría, como tratar la ansiedad que le puede generar a un gay o a una lesbiana educados en el integrismo católico la vivencia de su orientación sexual? ¿Supervisará el Gobierno murciano la formación en diversidad afectivo-sexual que recibirán esos alumnos?