Un grupo de militares abiertamente homosexuales desafía el «Don’t ask, don’ tell» y participa en el Orgullo de San Diego

La política de «Don’t ask, don’t tell», que impide a gays y lesbianas servir en el Ejército estadounidense a no ser que mantengan en secreto su orientación sexual, sigue vigente, al no haber concluído todavía el proceso marcado en diciembre por el Congreso para su definitiva retirada. Sin embargo, muchos militares gays y lesbianas parecen haber perdido el miedo, como pone de manifiesto su presencia en la marcha del Orgullo LGTB de San Diego (California).

La marcha, que tuvo lugar el sábado, contó con la participación de unos 300 militares, entre personal en activo y veteranos. «No se ha tratado de un posicionamiento político«, destacaba el cabo del cuerpo de marines Jaime Rincon, uno de los participantes. «Se ha tratado, simplemente, de mostrar el orgullo que sentimos de ser como somos como individuos y lo orgullosos que nos sentimos de nuestras unidades«, añadía.

Pese al desafío, los analistas legales ven poco probable que el Ejército, que en la práctica mantiene paralizada la aplicación de la política de «Don’t ask, don’t tell», inicie a estas alturas una investigación sobre aquellos de sus miembros que se atrevieron a visibilizarse. Aun así, Servicemembers Legal Defense Network, organización que proporciona asesoramiento legal a militares gays y lesbianas, avisó la semana antes de que participar en la marcha implicaba un cierto riesgo, y que así será hasta que no se le ponga el definitivo punto final a la politica discriminatoria.

Para ello es necesario que se produzca la «certificación» por parte del Presidente Obama, del secretario de Defensa y del jefe del Estado Mayor de que la implementación de la nueva política no compromete “el nivel de preparación de las fuerzas armadas, su eficacia, la cohesión de las unidades y el reclutamiento”, certificación que todavía no se ha producido. Una vez que esta sea enviada a los respectivos comités militares de Cámara de Representantes y Senado, habrá que esperar 60 días hasta que la nueva política esté efectivamente en vigor.

Lucha en los tribunales

En paralelo al proceso de «punto final» de la política de «Don’t ask, don’t tell», aprobado en diciembre por el Congreso pero aún no concluido, tiene lugar una batalla legal ante la justicia federal sobre la constitucionalidad de dicha política discriminatoria. Hace meses que la jueza federal Virginia A. Phillips la declaró inconstitucional y ordenó su suspensión inmediata, de hecho. Una suspensión que hace pocos días ratificaba la Corte de Apelaciones de San Francisco, pero que el Departamento de Justicia solicitó demorar (por considerar que «cortocircuita» la derogación por vía legislativa), hasta presentar las correspondientes alegaciones. La Corte de Apelaciones, de hecho, estimó los argumentos del Departamento de Justicia y volvió a suspender cautelarmente la aplicación de la sentencia de la jueza Phillips.

Os dejamos con un vídeo que muestra la participación del grupo de militares en la marcha de San Diego: