El Ayuntamiento de Groninga (Holanda) no renovará su contrato a tres funcionarios que se niegan a celebrar bodas homosexuales

El Ayuntamiento de la ciudad holandesa de Groninga no renovará su contrato a tres funcionarios que se han negado a tramitar y celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Groninga (Groningen, en holandés) se une de esta forma al grupo de municipios holandeses que han decidido desterrar esta práctica discriminatoria.

Holanda fue, en 2001, el primer país del mundo en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Su legislación, sin embargo, permite a los funcionarios que no quieran participar en su celebración declararse “objetores”, algo que los colectivos LGTB holandeses denuncian como uno de los aspectos discriminatorios hacia las parejas del mismo sexo que todavía perviven en el país. Según COC, 102 funcionarios registrales, se niegan a tramitar y celebrar bodas entre personas del mismo sexo, repartidos en 58 municipios del país. Casi todos ellos alegan que el matrimonio entre personas del mismo sexo contraviene sus convicciones cristianas.

Ámsterdam, por ejemplo, decidió en 2007 declararse libre de «objetores», de forma que desde esa fecha la capital holandesa solo contrata funcionarios que no tienen problema alguno en tramitar y celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Aún así, recientemente han sido denunciados en el distrito de Nieuw-West dos casos de funcionarias que sí se han negado. En un caso se trata de una trabajadora contratada antes de 2007, pero en el otro se trata de una mujer que al parecer mintió en su entrevista de trabajo. El concejal de distrito Ronald Mauer prometía en junio que a partir de ahora se haría una evaluación anual de los funcionarios de su distrito para asegurarse que ninguna pareja es discriminada.

La «objeción de conciencia» a la hora de atender a parejas del mismo sexo que quieren celebrar su matrimonio es un residuo discriminatorio ya desterrado, por cierto, en países como Canadá y España. También lo ha sido en Reino Unido, país que no permite el matrimonio igualitario pero sí las uniones civiles, ante las que algunos funcionarios también han querido objetar alegando razones religiosas. En este último país, sin embargo, el reciente anuncio de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC, un organismo independiente) de que apoyaría “compromisos razonables” en ese sentido ha reabierto el debate, para indignación de los colectivos LGTB, que no entienden que se intente ser comprensivo ante una práctica discriminatoria en la prestación de un servicio público que nadie permitiría por razones de raza o religión.