La Corte Suprema de la India vuelve a retrasar su decisión definitiva sobre la despenalización de la homosexualidad

La Corte Suprema de la India ha vuelto a retrasar, una vez más, el estudio de los recursos a la decisión del Alto Tribunal de Delhi que en 2009 declaró inconstitucional la prohibición de las relaciones homosexuales. Si la Corte Suprema ratifica el fallo, las relaciones homosexuales quedarían definitivamente despenalizadas.

El fallo del Alto Tribunal de Delhi, que se remonta a julio de 2009, declaró contraria a la Constitución de la India la prohibición de las relaciones homosexuales, vigente desde la época colonial británica, como respuesta a una demanda planteada por Naz Foundation India. La prohibición, que podía costar hasta diez años de cárcel, apenas se aplicaba en la práctica, pero pendía como una espada de Damocles sobre la población homosexual india y dificultaba cualquier tipo de actuación pública a su favor. Desde dicho fallo las relaciones homosexuales se consideran legales, pero se vive una situación de provisionalidad que la Corte Suprema se resiste a revolver.

Ya en abril de este año la Corte Suprema decidió postponer el proceso, que recibió hasta 19 peticiones de audiencia sobre el tema (15 a favor de la prohibición y 4 a favor de la despenalización). Ahora ha vuelto a retrasarlo hasta febrero de 2012, al parecer ante las solicitudes de algunos abogados que habrían solicitado disponer de más tiempo.

La despenalización de las relaciones homosexuales cuenta con la oposición de sectores tradicionales y religiosos, tanto del ámbito hindú como del musulmán o del católico (la misma Conferencia Episcopal de la India se mostró contraria). Pese a todo, las perspectivas parecen favorables. Ya en su momento la propia Corte Suprema se negó a paralizar cautelarmente la sentencia, y pidió al Gobierno indio que se pronunciara. El Gobierno declinó recurrir y decidió simplemente esperar a que la Corte se pronuncie sobre los recursos planteados por otras instancias. Todo apunta a que las autoridades políticas son partidarias de la despenalización pero prefieren que sea la vía judicial la que resuelva -lentamente, como vemos- el tema.