Juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos afirma que sentenciar en contra de los derechos LGTB «es muy fácil» para él

Antonin Scalia es bien conocido por ser uno de los miembros más conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Incluso así han sorprendido sus últimas declaraciones, en las que afirma que sentenciar sobre temas como la pena de muerte, el aborto o los derechos LGTB (en un sentido conservador, se entiende) es «absolutamente fácil» para él. Scalia ha hecho estas declaraciones precisamente cuando el Supremo tiene que decidir sobre la admisión o no de varios recursos que afectan a los derechos LGTB.

Antonin Scalia, que se ha definido a sí mismo como un «textualista», interpreta la constitucionalidad o no de una materia en función de la literalidad del texto de la Constitución de Estados Unidos o, en su defecto, en función de lo que él considera que eran las intenciones originales de los padres de la Constitución en el momento de ser redactada. Por eso que sostiene que la pena de muerte y la prohibición del aborto y de la «sodomía» son perfectamente constitucionales, ya que han formado parte de la tradición jurídica estadounidense desde el primer momento, incluso en vida de los padres de la Constitución, sin que estos expresaran dudas al respecto. «La pena de muerte. Déjeme pensar… Es fácil. ¿El aborto? Absolutamente fácil. Nunca nadie pensó que la Constitución preveía limitaciones [a su prohibición, se entiende por el contexto]. ¿La sodomía homosexual? Por favor, durante doscientos años ha sido un delito en todos los estados», ha declarado Scalia en una intevención ante  el American Enterprise Institute.

Antonin Scalia, en efecto, fue uno de los tres jueces del Supremo que en 2003 se opuso a la histórica sentencia que declaró inconstitucionales las leyes que todavía criminalizaban la sodomía en varios estados (caso Lawrence contra el estado de Texas).

Quizá lo más llamativo de las declaraciones de Scalia no sea tanto su contenido (sus posiciones son bien conocidas) como el momento elegido para hacerlas, cuando el Supremo debe decidir de forma inminente la admisión o no de varios recursos relacionados con los derechos LGTB. Por un lado, el recurso contra la declaración de inconstitucionalidad de la Proposición 8 (la enmienda a la Constitución de California que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo) decidida ya por la justicia federal. Por otro, varios recursos contra la DOMA (Defense of Marriage Act), la ley que impide a la administración federal reconocer a las parejas del mismo sexo.

Aunque puede haber sorpresas, la mayoría de los analistas creen en que el Tribunal Supremo rechazará analizar el recurso sobre la Proposición 8 (California volvería a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ello le evitaría al Supremo «el trago» de entrar en estos momentos a discutir el tema y emitir una sentencia de validez nacional) pero sí asumirá algunos de los recursos contra la DOMA.