El Gobierno devuelve a la asignatura de religión la relevancia que tuvo hasta hace dos décadas y suprime definitivamente Ciudadanía

Vuelta a un pasado que parecía ya lejano. Como adelantábamos en diciembre, el proyecto de nueva ley de Educación presentado por el Gobierno del Partido Popular devuelve a la asignatura de religión el peso académico con el que contaba hasta los años noventa. La calificación volverá a contar para la nota media a todos los efectos (incluida la solicitud de becas) y a los alumnos que no deseen estudiarla se les impondrá una asignatura alternativa, «Valores Culturales y Sociales» en Primaria y «Valores Éticos» en Secundaria (una obligatoriedad que fue suprimida en 2006). Se confirma también la desaparición definitiva de Educación para la Ciudadanía.

Poco parece importar que la Constitución establezca la no confesionalidad del Estado Español. La asignatura de religión, una suerte de catequesis incluida en el programa escolar en virtud de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado, tendrá el mismo peso que asignaturas como las matemáticas o la lengua. Una vieja reivindicación de la iglesia católica española, desde que en 1994 un Real Decreto estableciera que en Bachillerato las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de esta asignatura no se computarían en la obtención de la nota media a efectos de acceso a la Universidad ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio. Una circunstancia que la LOE (aprobada en 2006 y todavía vigente) y su posterior desarrollo reglamentario amplió a todos los niveles de la educación. La LOE supuso además la desaparición de una asignatura obligatoria alternativa a la religión.

La devolución a la religión de todo su valor académico no es sin embargo el único punto polémico de un proyecto de ley de fuerte carga ideológica. Desaparece totalmente, tal y como se preveía, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pese a la recomendación contraria del Consejo de Estado, y se blindan los conciertos educativos a los colegios que segregan a los niños por sexo, lo que invalidará decisiones como la de la Junta de Andalucía que retiró las subvenciones públicas a este tipo de centros (la mayoría religiosos).

Entre otros muchos aspectos -que no detallaremos- el proyecto también contempla que el Estado financie colegios privados a aquellos alumnos que en comunidades con lengua propia quieran estudiar con el castellano como lengua vehicular y a los que las comunidades no ofrezcan esta posibilidad, importe que se descontará en las asignaciones de dinero a las comunidades autónomas. Un desafío en toda regla a la política de normalización lingüística de Cataluña, que desde hace décadas mantiene el catalán como lengua vehicular.

En definitiva, todo un guiño al núcleo duro del electorado del PP y a la jerarquía católica, que ven colmadas todas sus expectativas en materia educativa de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy.