Organizaciones médicas responden a Ana Mato, que califica de «error” la muerte por tuberculosis de un joven senegalés “sin papeles»

«Un error». Así es como ha calificado la ministra de Sanidad Ana Mato la muerte por tuberculosis de Alpha Pam, ciudadano senegalés de 28 años que falleció en abril sin recibir la adecuada atención sanitaria. Fallecimiento que sin embargo colectivos médicos consideran una consecuencia directa del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy que retiró la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular (hace pocas semanas, en un documento enviado a Bruselas, el Gobierno español anunciaba que 873.000 tarjetas sanitarias de extranjeros en situación irregular habían sido ya dadas de baja).

La muerte de Alpha Pam, un joven senegalés de 28 años que llevaba ocho años viviendo en Baleares, se produjo tras acudir a su centro de salud y ser derivado al hospital de Inca por sospecha de tuberculosis, pero donde no se le practicó prueba alguna. Ya desde que se conoció la noticia Médicos del Mundo denunció que lo sucedido era consecuencia directa del decreto gubernamental que entre otras medidas retiró la asistencia sanitaria a los ”sin papeles”. “Nosotros ya advertimos de que habría muertes. Y en este caso se trata de una enfermedad contagiosa, que compromete la salud del individuo y de quienes le rodean”, expresaron desde Médicos del Mundo.

Según se denunció desde un principio, la primera vez que el joven senegalés acudió a su centro de salud fue hace ya seis meses. Allí fue atendido varias veces, todas por vía de urgencias al no disponer de tarjeta sanitaria. Al final fue derivado al hospital de Inca, también por urgencias, para completar la valoración. Según consta en el informe de visita de su centro de salud de fecha 28 de febrero, al que ha tenido acceso la cadena SER, se derivó al hospital para que se le hiciera una radiografía de tórax y una valoración completa al sospecharse que podía ser el caso primario del un brote de tuberculosis detectado en la zona. Según la versión inicial de los denunciantes, la primera vez ni siquiera fue atendido; en la segunda sí habría recibido atención, aunque no se le practicó ninguna prueba y fue obligado a firmar un compromiso de pago por la consulta. En la tercera se le volvió a examinar pero sin ser tampoco sometido a pruebas.

La información conocida estos últimos días va, de hecho, en esta dirección. Según ha comprobado la cadena SER, en su visita a urgencias del 5 de abril el joven senegalés firmó efectivamente un compromiso de pago para que le hicieran entre otras pruebas la radiografía de tórax que desde su centro de salud se había recomendado. Pero el informe de alta del hospital del Inca (firmado por una médica al parecer contratada eventualmente) demuestra que esta nunca se llegó a hacer, siendo diagnosticado de bronquitis aguda.

Una muerte, en definitiva, que posiblemente se hubiera podido evitar de haberse tratado de un paciente atendido de forma regular, lo que permite que haya una atención coordinada, un médico de referencia y un adecuado flujo entre la atención primaria y la especializada, y no simplemente una acumulación de visitas a urgencias puntuales e inconexas. Una muerte, además, que se produjo después de varios semanas durante las cuales Alpha Pam diseminó su tuberculosis, una enfermedad infecciosa que cuenta con un tratamiento antibiótico específico.

Para la ministra, «un error»

Una muerte que Ana Mato ha considerado este miércoles en el Congreso de los Diputados «un error» que ha desvinculado de la reforma sanitaria del Gobierno del PP. «Desgraciadamente, a veces se  producen errores», han sido sus palabras. Una argumentación que comparten las autoridades sanitarias de Baleares, que han destituido al director gerente del Hospital de Inca y ha abierto tres expedientes disciplinarios: a la coordinadora de admisión, al enfermero que hizo el triaje en urgencias (es decir, la valoración inicial del paciente para decidir con que grado de urgencia se le atiende) y a la médica que lo atendió y dio el alta.

Una interpretación con la que no coinciden, sin embargo, ni la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC) ni Médicos del Mundo, organizaciones que han hecho público un comunicado conjunto de respuesta a las palabras de la ministra. «No es la mala praxis de las y los profesionales sanitarios la que está generando falta de atención médica a miles de personas, con resultado incluso de muerte, sino la imposición de una legislación -el RDL 16/2012- que se aprobó sin medir las consecuencias que tendría en la vida de las personas y en la salud pública», expresa el comunicado. «La muerte de Alpha Pam ha destapado hasta qué punto una decisión legislativa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pero su caso no es el único: las organizaciones que defendemos el derecho a la salud vemos cada día situaciones que podrían acabar de forma similar, porque la normativa aprobada el año pasado ha supuesto la retirada de la tarjeta sanitaria a miles de personas, que ya no tienen un facultativo de referencia a quien acudir», continúa.