El procurador general de Colombia presiona a los jueces para evitar que celebren matrimonios entre personas del mismo sexo

Prosigue la cuenta atrás para que el día 24 se celebre en Bogotá el que sería primer matrimonio entre parejas del mismo sexo de la historia de Colombia. Mientras tanto, el procurador general de la Nación, el homófobo Alejandro Ordoñez, maniobra como puede para impedirlo. Por el momento ha recurrido a la presión pura y dura sobre los jueces.

Como informamos hace pocos días, tras el rechazo a un proyecto de ley de matrimonio igualitario por el Congreso de Colombia y después de haber vencido el plazo dado por la Corte Constitucional para legislar el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo con los mismos derechos que el matrimonio, una primera jueza, Carmen Lucía Rodríguez, aceptaba la solicitud de matrimonio de una pareja gay. La titular del Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá consideraba que ante el vacío legal creado deben aplicarse por analogía las normas previstas en el Código Civil para las parejas de distinto sexo. La jueza ha citado a la pareja formada por Diego y Juan para que el día 24 acudan a su despacho en compañía de dos testigos. Y aunque la jueza Rodríguez haya sido la primera en pronunciarse, hay más jueces ante los que han llegado ya solicitudes de matrimonio.

La noticia caía como una bomba entre los sectores homófobos, cuyo máximo representante es Alejandro Ordoñez, que rápidamente se ha movilizado enviando a los jueces implicados oficios en los que les advierte de que no celebren estos matrimonios argumentando que «el matrimonio heterosexual es el único que está rigiendo en nuestro ordenamiento jurídico y que la familia surge del vínculo entre un hombre y una mujer, no por personas del mismo sexo”. Sin embargo, Ordoñez carece de poder sancionador contra los jueces, que disponen de plena capacidad para aplicar la ley. Y esta, hoy por hoy, permite perfectamente la celebración de matrimonios…

Vacío legal

El pasado 20 de junio venció el plazo de dos años fijado por la Corte Constitucional de Colombia para que el Congreso legislara el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo con los mismos derechos que el matrimonio civil. Pasado ese plazo sin que se aprobara una ley, estas parejas podrían acudir ante notario para legalizar su unión. Durante estos dos años el Congreso ha retrasado abordar el tema, hasta que hace unos meses optaba por discutir la solución más acorde con la exigencia de estricta igualdad de la Corte: la modificación del Código Civil reconociendo el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

La propuesta fue promovida por el senador Armando Benedetti, del Partido de la U. Ello no evitó la reacción de los sectores más conservadores, encabezados por el propio procurador general, alrededor del cual se articuló un bloque de legisladores vinculados a la iglesia católica y a grupos evangélicos. Finalmente la propuesta era rechazada por el Senado después de que la mayoría de los legisladores del Partido de la U y del Partido Conservador alcanzaran un acuerdo para sustituir el matrimonio por una denominada “unión solemne” que no se llegó a legislar.

Ante la incertidumbre jurídica creada, la Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró un modelo de contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo contractual”, institución jurídica no mencionada en las leyes de Colombia y que muchos consideran un “solemne engaño” que no garantiza los mismos derechos que el matrimonio. El propio presidente de los notarios, Álvaro Rojas, reprochó a la Corte Constitucional que no fuera más clara. “Matamos el tigre y nos asustamos con la piel. Faltó ponerles los puntos a las íes. Ahí está el quid del fallo. Nos tiraron la pelota a los notarios, que no estamos para ello”, declaró.

Pero los colectivos LGTB no aceptaron este apaño. Consideran que al margen del matrimonio Colombia ya reconoce a las parejas del mismo sexo el derecho a la unión marital de hecho, pero para las parejas que se quieran casar el contrato que los notarios están obligados a ofrecer no es otro que el mismo que ofrecen a las parejas de distinto sexo, rechazando cualquier otro no regulado por ley alguna y sin mecanismos definidos para exigir los derechos como parejas ante fondos de pensión, comisarías de familia, fiscalía, relaciones exteriores, etc.

Es por eso que, aunque en Colombia existe la posibilidad de contraer matrimonio civil ante notarios y jueces, la clave está en estos últimos, a los que por mucho que les presione Ordoñez no puede ordenar actuar de una o de otra forma. Si finalmente Carmen Lucía Rodríguez resiste la presión y celebra el matrimonio el próximo día 24, sentará un precedente que hará muy difícil que otros compañeros no sigan su ejemplo, e incluso que los notarios no decidan también seguir el criterio judicial y formalizar matrimonios. Estaremos muy atentos a lo que suceda.