Imputados por la jueza ocho mossos implicados en los acontecimientos que derivaron en la muerte de Juan Andrés Benítez

La jueza que instruye el caso de la muerte de Juan Andrés Benítez ha imputado a ocho de los mossos que participaron en su violenta reducción. Tras analizar con detalle las declaraciones de los testigos y el informe de la Policía Nacional al que ya hacíamos referencia hace pocos días, la jueza ha considerado que los agentes pudieron cometer delitos contra la vida, contra la integridad física y moral, de obstrucción a la justicia y coacciones.

El auto, publicado por Catalunya Plural (edición catalana de eldiario.es) da a entender que pudieron haber abusos policiales, al estimar que los agentes «no se limitaron a efectuar maniobras de reducción» sino que le propinaron «golpes, puñetazos y patadas». «Hemos escuchado los estremecedores lamentos y gemidos, aparentemente agónicos [de Juan Andrés Benítez]«, apunta la jueza, «prosiguiendo las agresiones una vez cesaron los gritos». Recordamos que de acuerdo a la autopsia Benítez presentaba traumatismos múltiples sobre la región craneo-facial que dieron lugar a un fallo cardiaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa). Y además de los testimonios de los vecinos del Raval que presenciaron lo sucedido ya se han conocido grabaciones tomadas por estos que muestran la violencia que los mossos ejercieron contra Benítez.

Por lo que se refiere al posible delito de coacciones este responde a la denuncia de algunos vecinos de que los mossos les exigieron que entregaran o eliminaran algunas de estas grabaciones. En cuanto a la obstrucción a la justicia, la jueza considera que los agentes pudieron alterar pruebas o el contenido de los atestados. Algunos vecinos denunciaron por ejemplo como un agente intentó hacer desaparecer las manchas de sangre del suelo.

También resulta significativo el hecho de que la jueza haya archivado la causa contra el vecino con el que Benítez se había peleado previamente (la pelea que dio lugar a que los mossos acudieran al lugar), y que hasta ahora era el único imputado en el caso. Los testigos coinciden en que esta pelea no fue grave, que solo dio lugar a heridas de escasa entidad y que cuando los coches patrulla llegaron al lugar de los hechos ya había terminado.

Suspendidos de sus funciones casi un mes después

Tras conocer la imputación, por «coherencia» y dada «la gravedad de los delitos imputados», el departamento de Interior de la Generalitat ha suspendido de sus funciones a los ocho agentes, algo que hasta ahora se había negado a hacer. Como ya recogimos hace pocos días, el consejero de Interior, Ramon Espadaler, llegó a negar que las imágenes conocidas hasta el momento probaran que hubiera existido mala praxis, una defensa que fue agradecida por los sindicatos de los Mossos d’Esquadra.

La muerte de Juan Andrés Benítez, empresario gay de 50 años, ha supuesto todo un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB. Benítez, dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, era miembro de la Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas (ACEGAL) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (hace pocos días recogíamos una oportuna semblanza sobre su vida publicada por El Periódico). De hecho, y como hemos repetido en nuestras anteriores entradas referidas a este caso, especialmente vergonzoso resultó el tono de la nota que en su momento fue hecha pública por el Sindicat de Policies de Catalunya (días después la página cambiaba de ubicación y el enlace se volvía inaccesible), según la cual “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”. Una muestra de serofobia que mereció la condena de los colectivos LGTB y de la que no se ha conocido explicación satisfactoria.