La justicia federal se pronunciará sobre la prohibición del matrimonio igualitario en Pensilvania

La igualdad LGTB da un paso más en Pensilvania, el único estado del nordeste de Estados Unidos que no reconoce aún el matrimonio igualitario. El juez federal John E. Jones ha ordenado que se tramite la demanda presentada por varias parejas del mismo sexo y una mujer viuda contra la ley que impide su derecho a contraer matrimonio.

Como informábamos en agosto, la demanda solicita que la vigente ley estatal que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo sea considerada inconstitucional por atentar contra el derecho a la igual protección ante la ley que garantiza la Constitución de los Estados Unidos. Ello permitiría a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio en Pensilvania, así como que el estado reconociera los matrimonios celebrados en otros estados que sí lo permiten. El gobierno del estado pretendía que el magistrado Jones no admitiera a trámite la demanda, basándose en una decisión de 1972 del Tribunal Supremo estadounidense (Baker v. Nelson), por la que se inhibió de tomar en consideración la demanda de un activista LGTB contra la ley de Minnesota que prohibía el matrimonio igualitario en el estado.

Jones, sin embargo, ha recordado que desde 1972 se ha producido un “cambio profundo” en la consideración de estas situaciones discriminatorias y pone como ejemplo el fallo del alto tribunal en junio de este año que derogó la parte de la DOMA que impedía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. “El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en varios casos desde Baker, lo cual demuestra que ya no considera insustanciales las demandas basadas en el sexo o la identidad sexual”, escribió el juez en su argumentación. Aunque el estado de Pensilvania todavía puede recurrir la decisión del juez, lo más probable es que el caso siga adelante, según los activistas LGTB.

“Intentaremos que se celebre la vista probablemente en marzo o abril, porque hay miles de parejas” en Pensilvania que se ven perjudicadas “por esta ley discriminatoria”, afirmó el director legal de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) Witold Walczac. La ACLU se ha personado en la causa en representación de las parejas demandantes junto a un bufete de abogados de Filadelfia del cual forma parte Dylan Steinberg, quien se muestra optimista tras conocer la decisión del juez Jones. “En este tema, tanto la opinión pública como la legalidad vigente están cambiando muy rápidamente”, afirmó. “Creemos que Pensilvania tiene que ponerse rápidamente al nivel de otros estados del nordeste y de otros lugares donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo”, añadió.

Por parte del gobierno estatal, Joshua Maus ha declarado que “a pesar de esta sentencia, tendremos una oportunidad justa de defender la ley” actual. Maus ha adelantado que el estado podría recurrir la decisión del juez Jones. El asunto parece incómodo para el gobernador republicano Tom Corbett, quien al principio se presentó en la defensa de la ley discriminatoria, papel que finalmente recayó en sus secretarios de Sanidad y Hacienda; en estas áreas reclaman los demandantes que se reconozcan sus derechos. Corbett, que no es especialmente popular, se enfrenta en 2014 a la reelección en un estado con fuerte presencia demócrata y donde las encuestas ya arrojan una mayoría social favorable al matrimonio igualitario.

Efecto dominó ante la justicia federal

Como destacamos en una anterior entrada, Pensilvania es el último gran estado del noreste de Estados Unidos que se plantea la cuestión. Los seis estados de Nueva Inglaterra, además de Nueva York, Delaware, Maryland y Nueva Jersey, ya han aprobado el matrimonio igualitario. El de Pensilvania no es, además, el único caso sobre el que discutirá la justicia federal. Ya se han presentado varias demandas en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario en Arkansas, en Carolina del Norte, en Virginia o en Kentucky.

Un buen termómetro de la situación será lo que ocurra en Michigan. En este importante estado, una pareja de lesbianas, madres de tres hijos legalmente adoptados por una de ellas, inició la batalla ante la justicia federal en enero de 2012 para poder ver reconocidos sus derechos como familia, lo que ahora impide la existencia de una enmienda a la Constitución de Michigan aprobada en 2004. El juez federal Bernard A. Friedman, del que se esperaba una resolución favorable, decidió en octubre retrasar el fallo y convocar antes una serie de audiencias para escuchar testimonios.

Un panorama general del que no debe perderse de vista una importante sentencia emitida en julio por el juez federal Timothy Black referida al caso de John Arthur y Jim Obergefell, que presentamos en su momento. Pareja desde hace veinte años y residentes en Ohio, a John Arthur le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que le postró en la cama y le condujo a la muerte el pasado mes de octubre. La pareja presentó una demanda para ver reconocido su matrimonio, celebrado en Maryland, en el estado de Ohio (que no permite el matrimonio igualitario), lo que les permitirá por ejemplo ser enterrados juntos. El juez Black falló a favor de Arthur y Obergefell, y pocas semanas después lo hizo a favor de una segunda pareja, en esta ocasión con uno de sus miembros ya fallecido. Decisiones que por cierto le han costado al juez una campaña en su contra por parte de grupos conservadores, pues un diputado estatal de Ohio perteneciente al Partido Republicano ha solicitado que se le abra un proceso de impeachment, lo que haría posible su destitución.