El Gobierno indio pide a la Corte Suprema que reconsidere su decisión y mantenga la legalidad de las relaciones homosexuales

El Gobierno de la India ha solicitado formalmente a la Corte Suprema de ese país que reconsidere su fallo del 11 de diciembre y valide la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 decidió el Alto Tribunal de Delhi. La pasada semana dos jueces de la Corte Suprema determinaron que tal decisión correspondía al poder legislativo, no al judicial, devolviendo a las personas LGTB de la India a la situación de inseguridad jurídica, discriminación y persecución que sufrían hasta hace cuatro años y medio.

El recurso del Gobierno indio viene a confirmar la impresión que antes de la sentencia de la Corte Suprema se había extendido entre los observadores: que la despenalización de las relaciones homosexuales es una «patata caliente» que el poder político había preferido dejar en manos del poder judicial. Quizá por eso la decisión de la Corte Suprema fue recibida con sorpresa, al darse por hecho que existía un pacto tácito por el cual la Corte acabaría validando la decisión del Alto Tribunal de Delhi sin que el tema, incómodo para el Gobierno, tuviera que ser discutido en el Parlamento.

La prohibición de las relaciones homosexuales en la India, recordemos, puede costar hasta diez años de cárcel debido a la vigencia de la sección 377 del Código Penal, heredada de la época colonial, que declara ilegal cualquier acto considerado “contra natura». Y aunque hace años que apenas se aplica en la práctica, pende como una espada de Damocles sobre la población homosexual. Es por eso que la sentencia emitida en 2009 por el Alto Tribunal de Delhi, tras una demanda de Naz Foundation India, fue considerada histórica. La sentencia establecía que penalizar actos sexuales libremente consentidos entre adultos viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución india y declaraba inválida la sección 377 en dicho supuesto.

Una sentencia que se consideraba ya difícilmente reversible, pese a haber sido recurrida y contar con la firme oposición de sectores tradicionales y religiosos, tanto del ámbito hindú como del musulmán o del católico. En su momento la propia Corte Suprema se negó a paralizarla cautelarmente, y pidió al Gobierno indio que se pronunciara. El Gobierno declinó recurrir y decidió esperar a que la Corte se pronunciara sobre los recursos planteados por otras instancias. En febrero de 2012, de hecho, el abogado del Gobierno sí se pronunció contra la sentencia, siendo poco después desmentido por el propio Gobierno. El hecho de que la Corte Suprema demorara varias veces su decisión, dejando que poco a poco surgiera una significativa visibilidad LGTB, también hacía pensar que el tiempo corría a favor de la igualdad.

La Corte Suprema, sin embargo, consideró la semana pasada en su fallo (firmado por los jueces G. S. Singhvi y S. J. Mukhopadhaya) que el Alto Tribunal de Delhi se extralimitó en sus funciones, señalando que corresponde al poder legislativo derogar la sección 377. La noticia cayó como un auténtico jarro de agua fría entre los activistas LGTB, pero enseguida se vio que tampoco era del agrado ni del Gobierno indio ni del gobernante Partido del Congreso. La presidenta de este, Sonia Gandhi, opinó que la sentencia del Alto Tribunal de Delhi había acabado «sabiamente» con «una norma injusta, arcaica y represiva que infringía los derechos humanos básicos que nuestra Constitución ensalza» y expresó su esperanza de que el Parlamento actuara para corregir el desaguisado. También los ministros de Economía y Justicia expresaban su sorpresa con la decisión de la Corte Suprema y señalaban que se transmitiría orden a las comisarías de todo el país para no aplicar la sección 377 en caso de relaciones sexuales consentidas entre adultos. Por el contrario, el líder opositor Rajnath Singh, presidente del conservador Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio) expresó su satisfacción por la sentencia de la Corte Suprema, ya que «la homosexualidad es antinatural y no puede ser apoyada».

Quizá por eso, para no dar armas a la oposición a solo cinco meses de las elecciones y como adelantaba hace pocos días el ministro del Interior, el Gobierno indio ha preferido jugar hasta el final la carta de la justicia y recurrir la sentencia de la Corte Suprema en lugar de llevar el asunto al Parlamento. Veremos que sucede finalmente…