Boda en California de Annise Parker, la alcaldesa abiertamente lesbiana de Houston

Annise Parker, alcaldesa de Houston (Texas), ha contraído matrimonio con la que ha sido su pareja durante más de dos décadas, Kathy Hubbard, en una ceremonia que ha tenido lugar en Palm Springs, California, estado donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido. Su enlace no será sin embargo reconocido en Texas, el estado donde ambas residen y trabajan.

A la ceremonia asistió un reducido grupo de familiares y amigos, entre los que se encontraban la madre de la alcaldesa y la hermana de la que es ahora su esposa. Fue oficiada por el reverendo Paul Fromberg, un amigo de la familia residente en San Francisco. La fecha de la boda, el 16 de enero, fue elegida por cumplirse ese día el 23 aniversario del comienzo de su convivencia.

“Este es un día muy feliz para nosotras», declaraba la alcadesa Parker, «hemos tenido que esperar mucho tiempo para formalizar nuestro compromiso. Kathy ha estado a mi lado durante más de dos décadas, ayudándome a formar una familia, alimentando mi carrera política y en todos los altibajos y acontecimientos de la vida que conlleva un compromiso. Es el amor de mi vida y no puedo esperar para pasar el resto de mi vida casada con ella». Ambas son madres de dos hijas y un hijo. Con ellas también convive un ahijado, que completa su familia.

Annise Parker reconoce que la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios del mismo sexo) el pasado año fue un argumento de peso para su decisión de casarse, aunque deseaban hacerlo desde hace años.

Críticas por su defensa de los derechos LGTB

Annise Parker fue elegida alcadesa en 2009, tras una dura campaña en la que se tuvo que enfrentar a los ataques de sus propios compañeros de filas por su condición de lesbiana, convirtiendo a Houston en la mayor ciudad estadounidense en contar con un regidor abiertamente homosexual. En 2011 fue elegida de nuevo, superando de nuevo la mitad de los votos y evitando por tanto una segunda ronda. Finalmente, en octubre de 2013, fue reelegida para un tercer y último mandato, con más del 57% de los votos.

Ha sido muy criticada por la oposición conservadora debido a su postura a favor de los derechos LGTB, hasta el punto de que el responsable republicano del condado, Jared Woodfill, no solo ha rehusado felicitar a la alcaldesa por su enlace, sino que se lo ha reprochado con acritud.  “¿Por qué ha esperado para casarse en otro estado después de las elecciones?”, inquiría, ”¿por qué le importan los beneficios para las parejas del mismo sexo casadas en otros estados después de ser elegida? Es una alcaldesa que está trayendo los valores de California y Nueva York a Texas, valores que los texanos no suscriben. Los texanos ya han definido su posición sobre el matrimonio en forma de una enmienda constitucional». La Constitución de Texas, mediante esta enmienda aprobada en 2005, define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer e impide incluso que se reconozcan las uniones civiles de las parejas del mismo sexo.

Objeto de gran controversia ha sido también la decisión de la alcaldesa, tomada el pasado mes de noviembre de 2013, de aplicar los beneficios establecidos para los cónyuges de los empleados municipales a las parejas del mismo sexo legalmente casadas en los estados donde se permite el matrimonio igualitario. El citado opositor Jared Woodfill presentó una demanda contra esa normativa ante un tribunal estatal, presidido por la jueza de ideología republicana Lisa Millard, que fijó una audiencia para el caso fechada para el mismo día de presentación de la demanda, sin siquiera notificárselo al ayuntamiento de Houston y su alcaldesa, que eran la parte demandada. La juez dictó una orden de suspensión inmediata de la normativa, impidiendo que las parejas casadas del mismo sexo pudieran seguir obteniendo beneficio alguno.

Sin embargo, los servicios jurídicos del ayuntamiento solicitaron el traslado el caso a un tribunal federal, por entender que se estaba tratando de un asunto en el que podían estar afectados derechos constitucionales. Aceptada la petición de traslado, este 2 de enero el juez federal ha denegado la suspensión de la normativa, fijando audiencias para que las partes puedan aportar los informes y argumentos oportunos.