En un proceso imparable, un juez federal declara inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en Pensilvania

Añadiendo un nuevo eslabón a la cadena de sentencias favorables a los derechos de las personas LGTB de este mes de mayo, el juez federal John E. Jones ha resuelto que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo que establecen las leyes de Pensilvania es inconstitucional. El juez Jones no ha dictado una suspensión temporal de su fallo, pero sí ha ordenado la inmediata expedición de licencias de matrimonio a las parejas el mismo sexo que las soliciten, hecho que ya se ha producido. Sin embargo, las leyes de Pensilvania obligan a una espera de tres días hábiles desde que la licencia es expedida hasta que el matrimonio pueda llevarse a cabo, a menos que un juez exima a la pareja de esa dilación. La oficina del gobernador aún no ha comunicado si apelará la decisión del tribunal federal.

La Constitución del estado de Pensilvania no recoge una prohibición expresa del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en 1996 fue aprobada una ley en ese sentido, que además impedía reconocer los matrimonios de este tipo celebrados en otros estados donde son legales. Contra esta ley presentaron una demanda conjunta diez parejas del mismo sexo de Pensilvania, dos de sus hijos y una viuda. En la demanda arguían que impedirles contraer matrimonio o no reconocer los celebrados en otros estados basándose en que se trataba de parejas del mismo sexo vulneraba sus derechos a la igual protección y debido proceso reconocidos por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La fiscal general de Pensilvania, Kathleen Kane, se negó a defender dicha ley ante el tribunal federal, declarando que “no puedo defender éticamente la constitucionalidad de la ley de Pensilvania (que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo), porque creo que es completamente inconstitucional”. El gobernador, Tom Corbett, que llegó a argumentar su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo comparándolo con el incesto o los matrimonios con menores de 12 años, decidió contratar a un despacho privado de abogados para que defendiera la ley ante el juez Jones, cuya tarifa ascendía a más de 400 dólares a la hora.

Otra sentencia favorable

Ese dispendio de dinero público no parece haber demostrado su utilidad, pues finalmente el juez Jones ha dictaminado a favor de las parejas demandantes, estimando que, efectivamente, sus derechos constitucionales a la igual protección y debido proceso eran vulnerados por la legislación de Pensilvania.

El preámbulo de la sentencia evidencia lo que ya es un proceso imparable: “nos unimos a los doce tribunales federales de distrito de todo el país que, cuando se han enfrentado a estas desigualdades en sus propios estados, han llegado a la conclusión de que todas las parejas se merecen la misma dignidad en el ámbito del matrimonio civil”.

Tras los argumentos jurídicos, semejantes a los considerados en las sentencias de Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas,  Idaho y Oregón, el juez concluye con una reflexión de fondo, en la que llega a comparar la discriminación que supone la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo con las leyes de segregación racial vigentes en los Estados Unidos hasta mediados del pasado siglo:

El asunto que resolvemos hoy supone una división. Algunos de nuestros ciudadanos se sienten profundamente incómodos con la noción del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo cause malestar en algunos no hace constitucional su prohibición. Tampoco puede prevalecer la tradición del pasado sobre las garantías constitucionales al debido proceso y la igual protección. Si no fuera así, la nuestra seguiría siendo una nación racialmente segregada según la doctrina ahora legítimamente descartada de ‘separados pero iguales’. En los sesenta años desde que se resolvió el proceso de Brown contra la Junta de Educación, afortunadamente se ha desvanecido de la historia el ‘separados’ y solo permanece el ‘iguales’. Del mismo modo, en las generaciones futuras será abandonada la etiqueta de ‘matrimonio entre personas del mismo sexo’ para ser reemplazada simplemente por la de ‘matrimonio’.

Somos un pueblo mejor que lo que representan estas leyes, y es hora de arrojarlas al vertedero de la historia.

Incierta apelación

Por el momento, la oficina del gobernador Corbett no ha anunciado si presentará la correspondiente apelación y petición de suspensión de la sentencia, como en los casos de Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas e Idaho. Al no haber dictado dicha suspensión el juez Jones, las licencias de matrimonio ya han sido expedidas, aunque, como comentábamos, la demora de tres días hasta que puedan ejecutarse proporcionaba en un principio un margen para que la apelación pudiera ser presentada antes de que se celebrara algún matrimonio. Sin embargo, al prever la ley que un juez pueda eximir de esa demora a una pareja solicitante, se ha informado de que ya ha tenido lugar el primer matrimonio legal de una pareja del mismo sexo en Pensilvania.

La delegación de la organización de defensa de los derechos civiles ACLU (American Civil Liberties Union) en Pensilvana ha abierto una petición on-line para solicitar al gobernador que no apele la sentencia y que Pensilvania se convierta definitivamente en el decimonoveno estado de los Estados Unidos en permitir el matrimonio igualitario.

La que sí que ha formulado una declaración es la fiscal general Kathleen Kane, que desde la cuenta de Facebook de la Fiscalía expresaba su satisfacción por la sentencia, calificando esta fecha como “un día histórico” pues “se hace justicia a los ciudadanos de Pensilvania que han sufrido una protección desigual ante la ley debido a su orientación sexual”.

Estaremos pendientes de la decisión del gobernador al respecto para seguir informando.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Pensilvania se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho y Oregón. Sin embargo, exceptuando a Oregón, todas las demás sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 18 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.