Igualdad en construcción

La igualdad se construye día a día. Desde las escuelas, desde las instituciones públicas, desde la sociedad civil, desde la calle. Con pequeños, y a veces no tan pequeños, gestos que suponen grandes avances para los colectivos sociales históricamente olvidados, invisibilizados y discriminados. En el caso de la diversidad sexo-genérica, el hecho de nombrar, aceptar, reconocer y reivindicar públicamente nuestras identidades y deseos continúa siendo un acto totalmente valiente, revolucionario y transgresor, y más aún en sociedades profundamente conservadoras, machistas y homofóbicas.

“Salir del clóset” es en todo momento una decisión personal que debe tomarse libremente, sin presiones. Pero debemos recordar que lo que no se nombra, no existe. Y, por ello, salir del clóset es todavía un acto importante y necesario, que nombra una realidad para visibilizarla y reivindicarla como propia ante los demás. Las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) existimos: estudiamos, trabajamos y amamos como las demás, pero también luchamos día a día por la igualdad. Por tanto, nombrar y reivindicar nuestras identidades afectivo-sexuales debe ser considerado un derecho como ciudadanos y un deber como activistas.

En el Perú, país que tiene como gran asignatura pendiente el reconocimiento legal y social de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, de un tiempo a esta parte varios personajes públicos del mundo de la cultura, la política o el periodismo han decidido dar un paso al frente y reconocer públicamente su orientación sexual como lesbianas, gays o bisexuales. Y ello ha supuesto un considerable respaldo, no solo para la lucha de un movimiento social LGBT todavía frágil, sino para muchos peruanos y peruanas, la gran mayoría jóvenes, que buscan referentes para asumirse y reconocerse tal y como son, sin prejuicios, estigmas ni complejos. La última de estas “mediáticas” salidas del clóset sido la de Carlos Bruce, congresista de Concertación Parlamentaria impulsor del proyecto de ley de unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo que próximamente se debatirá en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano.

Las leyes contribuyen a reconocer y regular las relaciones sociales, pero también son decisivas para educar y concienciar en valores cívicos y democráticos y contra la discriminación y la intolerancia. La cuestión de la diversidad sexo-genérica es una temática que, afortunadamente, parece estar llegando progresivamente al debate social y a la agenda política del Perú. Ahora es necesario seguir haciendo pedagogía desde el activismo, trabajar con esfuerzo y decisión para que las instituciones peruanas se atrevan a aprobar políticas públicas que reconozcan de una vez la diversidad sexo-genérica y los derechos humanos de las personas LGBT.

En esta dirección apunta el proyecto de ley del congresista Bruce para legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo, que aun sin contemplar en ningún momento el matrimonio igualitario, sí hace una apuesta valiente por el reconocimiento de los derechos civiles de las parejas homosexuales. Dicho proyecto, pionero en el Perú y respaldado por el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, permitiría que dos personas del mismo sexo se unieran civilmente adquiriendo los derechos de los parientes de primer grado, tales como visitar a sus parejas en un hospital o un centro penitenciario; tomar decisiones para el inicio de tratamientos quirúrgicos de emergencia, recibir pensiones alimenticias o adquirir la nacionalidad peruana en el caso de ser extranjera alguna de las partes. Este proyecto reconocería también derechos patrimoniales como la herencia de propiedades y bienes y derechos sanitarios como la inscripción de una de las partes como beneficiaria de la otra en la seguridad social. Lo más simbólico de este proyecto de ley, y lo que más molesta a los sectores homofóbicos, es que altera el estado civil de los contrayentes en el DNI, plasmando la formación de una relación familiar. Sin embargo, no lo hace en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales, ya que crea un quinto estado civil correspondiente a los/as compañeros/as civiles, factor que puede interpretarse en cierta medida como un elemento discriminatorio.

La iniciativa de Bruce, exmiembro del partido Perú Posible (liderado por el expresidente Alejandro Toledo y ubicado en el centro-derecha), podría ser considerada un proyecto de mínimos en otros contextos, pero en el Perú actual, todavía notablemente conservador, ha supuesto una verdadera provocación para los sectores sociales, políticos y religiosos que en estos momentos impulsan una auténtica “cruzada” contra los derechos humanos de las personas no heterosexuales. Esta “Santa Alianza”, conformada por jerarquías católicas y evangélicas, dirigentes políticos de derecha y periodistas retrógrados, no ha dudado en utilizar todos los instrumentos a su alcance para obstaculizar no ya la aprobación, sino el debate parlamentario del “proyecto Bruce”: desde la convocatoria de marchas hasta la financiación de campañas publicitarias contra el reconocimiento legal de nuestros derechos.

Sin embargo, no debemos desviar nuestra atención. Probablemente la estrategia homofóbica más eficaz se encuentre, como un “caballo de Troya”, dentro del mismo Congreso de la República, donde se han registrado dos proyectos de ley que persiguen, a través de una pretendida negociación, desvirtuar y minimizar a todas luces los avances que contiene la propuesta de Bruce. Por un lado, la congresista de Fuerza Popular Martha Chávez, ha propuesto la figura de “sociedad solidaria”, acuerdo voluntario entre dos personas mayores de edad que origina derechos patrimoniales y sanitarios, pero sin alterar el estado civil ni la relación de parentesco de sus miembros. Por otro, el también congresista fujimorista, y pastor evangélico, Julio Rosas ha dado una vuelta de tuerca más proponiendo la figura de “atención mutua”, que únicamente reconoce derechos patrimoniales, sean estos sucesorios o pensionarios, estableciendo además importantes limitaciones para sus firmantes. Que no nos engañen, la igualdad es completa o no es igualdad real.

El Perú es un país que, con su gobierno a la cabeza, abandera como uno de los mayores logros nacionales el crecimiento económico, aún con importantes deficiencias en la inclusión social y la distribución de la riqueza. Pero el progreso de un país es mucho más que la mejora de sus datos macroeconómicos, es también su política social para la reducción de la pobreza y la desigualdad o para la equiparación de los derechos de todas y todos. Y en esto último el Perú tiene mucho camino por recorrer. Hay que recordar que en este país, cuyo Estado se ha negado a ratificar varias convenciones internacionales sobre derechos humanos por contemplar éstas la orientación sexual y la identidad de género como categorías de no discriminación, se han registrado en el último año 17 asesinatos y 2 suicidios de personas LGBT y más de 40 agresiones físicas hacia personas de nuestro colectivo (Informe Anual sobre DD.HH de las personas TLGB en el Perú 2013-2014, elaborado por Promsex y la Red Peruana TLGB).

Ante esta dura realidad, el silencio, también el del Estado, se convierte en cómplice de la homofobia, la bifobia y la transfobia. Se hace necesaria y urgente una respuesta firme y contundente por parte de los poderes públicos, porque en el Perú el reconocimiento de la igualdad y la diversidad no puede, ni debe, postergarse más. Por una cuestión de igualdad y de justicia, porque los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales también son derechos humanos. Sigamos trabajando.

Lima, Alberto Hidalgo Hermoso