El Gobierno de Uganda trabaja en una nueva ley contra la «promoción» de la homosexualidad

Nueva iniciativa para imponer la homofobia de Estado en Uganda. Tras la anulación de la ley que pretendía castigar la homosexualidad con cadena perpetua, el Gobierno presidido por Yoweri Museveni pretende introducir una nueva medida represora contra la “promoción” de las “prácticas sexuales antinaturales”.

Apenas unos días después de la sentencia del Tribunal Constitucional que derogaba por defecto de forma la infame ley para endurecer el trato penal a las personas homosexuales y a los que les dieran apoyo, un grupo de diputados ya se puso en marcha para reactivar de alguna forma la medida en el Parlamento. El nuevo proyecto, según ha filtrado un ministro, elimina las referencias directas a la homosexualidad, que queda sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centra en castigar (con hasta siete años de cárcel) cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Según el activista Frank Mugisha, las consecuencias de una ley así podrían ser muy amplias. “La gente no se da cuenta de que la parte de la ‘promoción’ afectará a todos. Si los periódicos informan sobre homosexualidad, se podría ver como promoción. Mi cuenta de Twitter se podría ver como promoción. Todos los grupos pro derechos humanos que incluyan la defensa de los derechos LGTB entre sus actividades podrían ser acusados de promoción”, alerta.

Con esta jugada, el presidente Museveni intentaría recuperar popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley anulada en agosto, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior. De hecho, los analistas prevén nuevas presiones por parte de los países desarrollados si comienza a tramitarse un nuevo proyecto para criminalizar a las personas LGTB y a los que les brinden apoyo.

Recordamos que la decisión del alto tribunal ugandés, ante el que los activistas LGTB habían recurrido en marzo, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, y se limitó a considerar que en la votación del texto por el pleno del Parlamento este no disponía del quórum necesario (la Constitución ugandesa obliga a que cuando se vota una ley estén presentes al menos un tercio de los diputados electos, proporción que no se alcanzó entonces). El fallo, conviene precisar, no supuso la despenalización de las relaciones homosexuales en Uganda, ya ilegales en el marco jurídico anterior.

Cualquier nuevo texto que se presente en el Parlamento deberá someterse en cualquier caso a una tramitación completa, proceso que se puede dilatar muchos meses y que Museveni podría detener, si lo ve conveniente, por medio del Ministerio de Hacienda, que en este caso solo tendría que emitir un dictamen negativo de impacto fiscal para que el proyecto no prosperara.