El PP presenta en Extremadura, tras negociar con colectivos LGTB, un avanzado proyecto de ley contra la discriminación

El pasado 15 de enero, el grupo popular en el Parlamento extremeño registró en dicha cámara la Propuesta de Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales y de Políticas Públicas Contra la Discriminación por Homofobia y Transfobia. Se trata de un texto que el gobierno extremeño lleva año y medio negociando con colectivos LGTB de la región, muy singularmente con Fundación Triángulo, y cuya aprobación supondrá sin duda un gran impulso a las políticas de igualdad y no discriminación. La noticia, por otra parte, deja al descubierto lo «moldeable» de las políticas del Partido Popular, capaz de defender posiciones opuestas en distintos territorios por lo que a las personas LGTB se refiere en función de cada coyuntura política.

Desde Fundación Triángulo, de hecho, consideran la propuesta «histórica» por recoger «la gran mayoría de las demandas del activismo LGBT a día de hoy». «Desde que hace mas de un año apareciera esta posibilidad, Triángulo dejó claro que si se legislaba, debía hacerse al mismo nivel que se ha hecho en Cataluña en su ley contra la discriminación a LGBTI, o en Andalucía sobre transexualidad. Queríamos y queremos la mejor ley, y la ley mas participada, para todos los extremeños, LGBT o no. Que un chico en Piornal sea agredido por ser gay le afecta y le importa a él, a sus amigos, familiares, y a toda la gente que cree en la igualdad, que es mucha», declaraba José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo.

La propuesta de ley (que puedes descargar aquí en su integridad) consagra, en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar; crea un observatorio regional contra la homofobia y la transfobia y establece medidas de apoyo y protección a los grupos más vulnerables dentro del colectivo LGTB, incluyendo las víctimas de la violencia homofóbica y/o transfóbica.

En el terreno de la salud, la propuesta incluye dos aspectos fundamentales. Por un lado, establece de forma explícita la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género en el acceso a las políticas de salud sexual y reproductiva (recordemos, en este punto, que el Gobierno central sí ha establecido limitaciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja masculina). «Las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado en igualdad de condiciones el acceso a las técnicas de reproducción asistida», reza por ejemplo el artículo 12.2. Por otro, el proyecto recoge la atención sanitaria integral a personas transexuales e intersexuales.

La propuesta prevé medidas de protección de la diversidad familiar, reconociendo además el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual y/o identidad de género de cualquiera de sus miembros y estableciendo medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia intragénero que garanticen la protección de la persona acosada frente a la persona acosadora, facilitando la independencia física y económica de la víctima, sin que ello interfiera con la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Un aspecto que hace pocas semanas, recordemos, despertaba la polémica al anunciar el presidente del gobierno extremeño que incluiría como «violencia de género» el maltrato en el seno de parejas del mismo sexo.

El proyecto también incluye medidas en el ámbito educativo y laboral. Respecto a las denuncias por discriminación, introduce el principio de inversión de carga de la prueba: «En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas». Eso sí, como ya sucediera cuando se aprobó una ley contra la discriminación LGTBfoba en Cataluña, dicho principio tiene límites y «no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores».

La propuesta incluye, por último, un capítulo de sanciones administrativas en el ámbito de la comunidad autónoma «sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».

Los colectivos se felicitan

Fundación Triángulo,  como antes dijimos, se muestra satisfecha con el texto y anuncia su disposición a mejorarlo. «Triángulo ha trabajado hasta ahora con el gobierno, y lo seguirá haciendo en el trámite parlamentario con todos los grupos políticos, porque cree firmemente que esta ley es necesaria, y porque debe consolidar lo que se ha conseguido en estos veinte años de activismo LGBT, debe reconocer como derecho la atención a las víctimas de homofobia o transfobia, y una atención completa a nivel sanitario, psicológico, social y jurídico, debe establecer protocolos correctos de atención a transexuales e intersexuales en el Servicio Extremeño de Salud, debe comprometer una acción integral en cuanto a prevención de la discriminación por esta causa, y atención en las agresiones que se den, y debe cuidar de la discriminación a nuestros hijos, hayan llegado como hayan llegado a nuestras familias», expresaba Triángulo en su comunicado.

También Extremadura Entiende, asociación de mujeres LBT de Extremadura (y miembro de la FELGTB) expresaba su satisfacción por un texto que considera más global que los recientemente aprobados en Cataluña -en materia de igualdad y no discriminación- o en Andalucía -en materia de transexualidad- y anima a otras comunidades a seguir el ejemplo. «El sistema patriarcal heterosexista que continúa generando en Extremadura, por su marcado carácter rural, estructuras simbólicas y reales que generan profundas, injustas y dolorosas desigualdades en función del género, el sexo, la orientación sexual, la identidad y los roles de género, va a verse desmoronado, en gran medida, con la regulación de los derechos de personas LGTBI mediante esta ley. Además, a través de la máxima feminista de que lo personal es político, creemos en la visibilidad como herramienta de nuestra realidad y diversidad LGTBI, y es la mejor estrategia para producir cambios en nuestra sociedad. A partir de hoy, las personas lesbianas, gais, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales de Extremadura vamos a ser mucho más visibles», expresaba en su comunicado.

PP, un discurso en cada comunidad

Desde luego, si algo queda claro tras lo sucedido en Extremadura es lo moldeable -algunos dirán hipócrita- del discurso del Partido Popular, capaz de votar a favor de una ley integral de transexualidad en Andalucía pero oponerse en Madrid, e incluso plantearse a nivel nacional un posible recurso de inconstitucionalidad contra la propia ley andaluza. O de rechazar un capítulo sancionador en las leyes de Galicia y Cataluña (en este caso de forma virulenta) pero incluirlo por iniciativa propia en Extremadura.

Un partido, en definitiva, al que no le importa defender políticas diametralmente opuestas en distintos territorios por lo que a las personas LGTB se refiere en función de cada coyuntura política. En el caso extremeño, afortunadamente, esta coyuntura (falta de mayoría absoluta y necesidad de contar al menos con la abstención de Izquierda Unida para sacar adelante sus proyectos) ha jugado en esta ocasión a favor de la igualdad.