Colectivos trans andaluces piden el cese del delegado del Gobierno andaluz en Málaga

La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) y Chrysallis (Asociación de Familias de Menores Trans) han solicitado públicamente el cese del delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, tras asegurar este que la unidad de transexualidad e identidad de género del Hospital Carlos Haya de Málaga se mantendrá en su configuración actual, que los principales colectivos trans rechazan, y pedirles a estos «tranquilidad». Unos colectivos que se muestran especialmente descontentos por la forma como la ley integral de transexualidad andaluza, que contó con su respaldo, se está desarrollando por lo que a la atención sanitaria se refiere.

Si en el ámbito educativo parece que se avanza -aunque lentamente– en la buena dirección, no es así en el ámbito sanitario, donde existe una profunda brecha entre los colectivos trans y la administración andaluza por el retraso en implementar las disposiciones de la ley (ya en marzo ATA presentó una demanda por esa razón) y por el rechazo de los primeros a la configuración de la UTIG de Málaga, cuya praxis consideran ya desde hace años anacrónica y propia de una visión patologizante de la transexualidad. Una brecha que viene de lejos y que las declaraciones de Espejo amplían aún más. «Consideramos sus palabras desafortunadas, una provocación (…) Lo que se deduce de las declaraciones del delegado es desconocimiento de la realidad del colectivo de personas transexuales y de la misma ley. Sus declaraciones nos sitúan en tiempos ya superados en los que los derechos de las personas transexuales no eran equiparados respecto al resto de la ciudadanía, segregado y maltratado por profesionales cuya praxis patologizantes han hecho un daño incalculable a las personas transexuales con menos recursos», aseguran ATA y Chrysallis en un comunicado conjunto.

«Lo que tendría que hacer el señor Ruiz Espejo como representante de un Gobierno es exigir la efectividad de la misma [de la ley integral] y no retrotraernos a tiempos ya superados. Del articulado de la ley integral andaluza se desprende que está garantizada la atención en todas la ciudades de Andalucía, incluida Málaga, donde las y los ciudadanos transexuales, al igual que el resto de ciudadanos y ciudadanas, tienen el derecho a la libre elección de especialistas, no es una ley que obliga y restringe derechos, garantiza que cada persona elija el profesional que necesite para sus necesidades médicas», añade el comunicado.

En los últimos días, por cierto, tanto representantes de Podemos como de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, ambas formaciones con representación en el nuevo Parlamento andaluz, se han reunido con la presidenta de ATA, Mar Cambrollé, y le han prometido llevar al Parlamento los retrasos en el cumplimiento efectivo de la ley andaluza.

Lo cierto es que conforme se asienta el paradigma despatologizador de la transexualidad más evidente es el retraso en algunas de las unidades especializadas españolas, que siguen aplicando protocolos anacrónicos, muchos de ellos rayanos en la violación de derechos fundamentales. No ocurre solo en Andalucía, también en Madrid, donde se ha denunciado públicamente el trato, a veces denigrante, que reciben los menores transexuales y sus familias. Urge desde luego una reflexión tanto por parte de algunos profesionales sanitarios como de los gestores políticos y una actualización de la atención sanitaria que reciben las personas trans para que se adapte a sus verdaderas necesidades.