Hito judicial en EE. UU.: por primera vez, una corte federal considera que la Ley de Derechos Civiles sí prohíbe la discriminación laboral homófoba

Por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, una Corte de Apelaciones federal ha considerado que la discriminación laboral por razones de orientación sexual queda cubierta por la misma. El fallo de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin, tiene altas probabilidades de acabar siendo revisado en el futuro por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se vería así obligado a discernir sobre el alcance de las leyes de derechos civiles por lo que a las personas LGTB respecta.

La discusión jurídica, en este caso, radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de «raza, color, religión, sexo u origen nacional», impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación «literalista», según la cual si «orientación sexual» no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta. Y no hablamos, precisamente, de sentencias antiguas: dos recientes pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones del 2º y del 11º Circuito (con sedes en Nueva York y Atlanta) han ido precisamente, en ese sentido.

La sentencia de Chicago (a cuyo texto puedes acceder aquí) rompe con esa interpretación y entiende que la discriminación por orientación sexual no es más que otra forma de discriminación por razón de sexo. Lo hace, además, por una sólida mayoría de 8 magistrados contra 3, lo que le da todavía más fuerza. El fallo da la razón a una profesora de Indiana, Kimberly Hively, que demandó al Ivy Tech Community College, una institución de educación superior técnica de ese estado, argumentando que había sido discriminada por su condición de mujer abiertamente lesbiana y por ello se había cometido una violación de la ley federal. A Hively, que disponía de un contrato a tiempo parcial, le fueron denegadas hasta seis contrataciones a tiempo completo, y acabó siendo despedida en 2014. Pero Hively no se conformó y junto a Lambda Legal decidió acudir a la justicia federal, reclamando el amparo de la Ley de Derechos Civiles.

Una precisión: en realidad, la sentencia de la Corte de Apelaciones no entra a considerar si Hively fue efectivamente discriminada por ser lesbiana por el Ivy Tech Community College, sino que simplemente le permite seguir litigando bajo esa argumentación. Hasta ahora, su argumento había sido rechazado por la justicia federal, no porque no se estimase que había sido discriminada por su condición de lesbiana, sino porque la discriminación laboral por razones de orientación sexual no se consideraba prohibida por la legislación federal.

El Tribunal Supremo, en el horizonte

¿Qué pasará ahora? La sentencia, por el momento, tiene efecto sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin, en los que las víctimas de discriminación laboral por razones de orientación sexual podrán acudir a la justicia federal e invocar la Ley de Derechos Civiles de 1964. No parece, en este sentido, que el Tribunal Supremo vaya a actuar de forma inmediata. Según las primeras informaciones, el Ivy Tech Community College de Indiana no tiene intención de apelar la decisión ante el Supremo y prefiere centrarse en demostrar que en cualquier caso Kimberly Hively no fue discriminada por ser lesbiana.

Sin embargo nadie pone en duda que la decisión de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito abre la puerta a que en no mucho tiempo el Tribunal Supremo se vea obligado a pronunciarse, al existir una divergencia de interpretación de la ley entre los diversos circuitos. Por desgracia, casos de discriminación laboral por razones de orientación sexual no faltan, y es de esperar que pronto en algunos de ellos acabe invocándose el precedente de la sentencia de Chicago.

En este sentido, no faltan razones para la preocupación, especialmente después de que esta misma semana el Senado de los Estados Unidos haya confirmado como nuevo miembro del Supremo a Neil Gorsuch, el candidato propuesto por Donald Trump para suceder al fallecido Antonin Scalia (los republicamos se negaron en su momento a confirmar a Merrick Garland, el candidato que había sido propuesto por Barack Obama). Un nombramiento con el que el Supremo de Estados Unidos recupera el predominio conservador que lo ha caracterizado durante las últimas décadas. Gorsuch, además de conservador, es un «literalista», partidario de limitarse a la estricta literalidad de las leyes, por antiguas que sean, y no de interpretarlas de acuerdo a la evolución histórica de la sociedad. No cuesta mucho adivinar cual sería el sentido de su voto en el caso que nos ocupa…

Y aunque el predominio conservador no ha impedido que el Supremo fallase a favor de los derechos LGTB en el caso, por ejemplo, del matrimonio igualitario, hay que tener en cuenta que ello tuvo lugar en un momento en el que el contexto sociopolítico estadounidense era mucho más favorable. Sin tener en cuenta que tanto Anthony Kennedy (el juez moderado cuyo voto fue decisivo en el caso del matrimonio igualitario al alinearse con los cuatro miembros progresistas) como Ruth Bader Ginsburg (una de las juezas del bloque progresista) han rebasado ya los 80 años. Y Stephen Breyer, otro de los progresistas, tiene 78. En el caso de que alguno de ellos decidiese retirarse, los republicanos tendrían la posibilidad de consolidar un Tribunal Supremo fuertemente conservador cuya influencia se extendiese durante las próximas décadas.