Corte Constitucional de Taiwán: si en dos años no se ha legislado, las parejas del mismo sexo podrán comenzar a registrar sus matrimonios

El proceso de aprobación del matrimonio igualitario en Taiwán, del que puntualmente hemos venido informando, ha dado este miércoles un importante paso adelante. La Corte Constitucional de ese país ha considerado que las disposiciones del Código Civil que impiden a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio no se ajustan a la legalidad y ha dado un plazo de dos años al Yuan Legislativo (el Parlamento taiwanés) para que apruebe su reforma. En caso contrario, las parejas del mismo sexo podrán automáticamente comenzar a registrar sus matrimonios. El proceso que se abre ahora, sin embargo, no está exento de dificultades.

Desde hace ya tiempo lo venimos anunciando: tras las promesas nunca satisfechas de Nepal o de Vietnam, Taiwán (o la República de China, su nombre oficial) es el principal candidato a ser el primer país asiático que aprueba una ley de matrimonio igualitario. Por un lado, su sociedad es una de las más abiertas de Asia hacia la realidad LGTB: una encuesta llevada a cabo en 2014 mostraba ya entonces que el 68% de la población estaba a favor de que las parejas del mismo sexo pudieran casarse, cifra que ascendía al 71% en otra encuesta llevada a cabo un año después. Taipéi, de hecho, es considerada por muchos la ciudad más gay-friendly del continente asiático, celebra un Orgullo multitudinario y es un destino turístico LGTB en alza.

Por otro, existe un activismo organizado y concienciado. Sirva como ejemplo la lucha del activista Qi Jia-wei (o Chi Chia-wei) y su novio, que llevan años peleando en los tribunales para ver reconocido su derecho a contraer matrimonio. Una batalla jurídica que parecía perdida después de que la Corte Administrativa de Taipéi desestimase su demanda en 2014, al considerar que la legislación vigente simplemente no lo permitía. O lo sucedido en septiembre de 2013, cuando 800 activistas celebraron con gran éxito un banquete nupcial frente a la sede presidencial para reclamar su derecho a casarse.

En tercer lugar, entre la clase política el matrimonio igualitario cuenta ya con un respaldo significativo. Tanto la capital y Kaohsiung, la segunda ciudad del país, cuentan con un registro de parejas del mismo sexo. Y en octubre de 2015, por primera vez, en las bodas masivas de Taipéi participaron 10 parejas del mismo sexo (cuya unión fue simbólica y sin validez legal), con el apoyo y la bendición de su alcalde, el independiente Ko Wen-je. Pero el hito político que marcó un antes y un después fue la elección, en enero de 2016, de una presidenta, Tsai Ing-wen, favorable al matrimonio igualitario. Su partido, el Partido Progresista Democrático (DPP) conseguía además la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo. En octubre, de hecho, se anunciaba una iniciativa parlamentaria de modificación del Código Civil. Dos meses más tarde el proyecto superaba sus dos primeras lecturas, aunque aún le quedan dos lecturas más, cuya discusión estaba prevista que tuviese lugar a mediados de este año 2017.

Frenazo a la ley de matrimonio igualitario en los últimos meses

Lo que resta, ya lo decíamos entonces, es la fase más delicada: ninguno de los partidos representados en el Yuan Legislativo se ha comprometido oficialmente a que la medida sea finalmente aprobada. Una reticencia basada en las reservas de los diputados de los distritos más conservadores y en el temor a la reacción de los votantes cristianos, que suponen alrededor del 5% de la población de Taiwán pero cuyos sectores homófobos han empezado a movilizarse muy activamente. En noviembre, por ejemplo, tenía lugar una manifestación de diez mil personas en Taipéi  convocadas por la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, para mostrar su protesta tras la aprobación en primera lectura. No demasiadas, comparadas con las 82.000 que participaron en el último Orgullo, pero suficientes como para generar un importante ruido mediático.

Hace unas pocas semanas, de hecho, nos hacíamos eco de la inquietud que cundía en el activismo LGTB taiwanés ante la actitud de precaución que parecía haber adoptado Tsai Ing-wen al respecto. La presidenta, tras reunirse tanto con partidarios como con opositores al matrimonio igualitario, reconocía las dificultades políticas a las que se enfrentaba el proyecto y afirmaba incluso que se abría un camino «largo y díficil».

Se abre un periodo de incertidumbre

Unos temores que el fallo de la Corte Constitucional de Taiwán (o «Consejo de los Grandes Jueces», que es su nombre oficial) conocido ese miércoles debería en teoría aplacar. En su sentencia, la Corte ha dado respuesta a un doble requerimiento: el del activista Qi Jia-wei, ya mencionado, y el de la propia ciudad de Taipéi, cuyo gobierno municipal quiso también elevar el asunto al alto tribunal al recibir peticiones de boda que se veía obligado a rechazar. Y lo ha hecho dando un plazo de dos años al Parlamento para modificar el Código Civil. Si pasado ese tiempo no ha habido cambios, las parejas del mismo sexo podrán automáticamente registrar sus matrimonios.

Está por ver ahora qué sucede. Por un lado, el fallo de la Corte podría liberar de presión al Partido Progresista Democrático, que podría así continuar el proceso legislativo ya iniciado con el argumento de que lo obliga la justicia. Pero el DPP podría decidir también que, dado que en dos años el matrimonio será una realidad de facto, prefiere no embarrarse en la lucha política. Otra opción que Taiwan Sentinel recoge es que los legisladores decidan responder a la Corte con una ley de uniones civiles que garantice derechos equivalentes a los del matrimonio, pero que constituya una figura jurídica diferente. Una opción que leyendo la sentencia (que Taiwan Sentinel recoge en inglés) parece en cualquier caso poco probable de sostener.

Estaremos atentos.