Un juzgado de Santander tipifica como violencia de género la agresión de una mujer a su esposa
El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha condenado a siete meses de cárcel como autora de un delito de violencia de género a una mujer por insultar y agredir a su esposa, de la que se encontraba en proceso de separación. Y eso pese a que, según la ley, el delito específico de violencia de género solo es aplicable cuando las agresiones las comete un varón sobre una mujer unida a él por matrimonio, noviazgo u otra relación sentimental análoga. El Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de esta ley en mayo del año pasado.
La sentencia considera probado que la acusada, en el curso de una discusión con su esposa debido a las discrepancias existentes en los términos económicos del acuerdo de separación tras 17 años de relación, insultó a su mujer, la agarró por el cuello, la empujó y la golpeó contra la pared, lo que le produjo diversas lesiones, según el parte médico. Además de la pena de cárcel, la sentencia impone a la condenada una orden de alejamiento durante dos años. Lo insólito de la sentencia, y lo que sin duda levantará polémica, es que para castigar penalmente estos hechos el juzgado haya recurrido al delito de violencia de género.
Noticias Relacionadas
Una diputada del partido en el Gobierno de Japón considera que las personas LGTBI no merecen ninguna protección porque «no tienen hijos y son improductivas»
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena aclara que «en ningún caso la calle se va a llamar de gays y lesbianas»
Un nuevo caso de discriminación de una pareja de mujeres en su acceso a la reproducción asistida llega a los tribunales
Lima: multitudinaria marcha del Orgullo demanda al Gobierno peruano cumplir sus promesas de inclusión
Eurovisión 2014: segunda semifinal
Acerca del Author
Flick
Flick no es más que el "nick" con el que empecé a comentar (y discutir, y razonar...) en dosmanzanas, allá por 2006. Me sabía a poco, por eso decidí colaborar y compartir mi pasión por estar informado. Y aquí sigo.
Seguimos a vueltas con esta ley. A mi me sigue pareciendo una barbaridad que la gravedad del crimen dependa del género del agresor.
No se muy bien como es posible que el Constitucional avalara esta ley, que a mi parecer viola el principio de igualdad, pero en fin.
Bueno, quizás el tribunal considerase que la mujer agresora, con su comportamiento, acreditase asumir el rol de género masculino en la relación.
Y ahora dejando el modo irónico, no puedo comprender ese resistencia entre los comentaristas de esta pagina a comprender que vivimos inmersos en una sociedad donde se legitima por vías varias la subordinación de la mujer al varón. Supongo que es una pensamiento tan dominante, que a pasado a formar parte de lo que se considera «natural» y por eso suscita esa reacción tan virulenta. Lo siento, pero eso demuestra unos valores profundamente reaccionarios, ya se que opinar así me va a granjear unos cuantos puntos negativos, pero a mi edad, y con mi forma de pensar y actuar, es algo que está asumido. Hace mucho que aprendí a tararear aquella canción de Brassens.
Descalificar con esos argumentos una legislación que protege a las mujeres de la violencia física del varón, última expresión de los valores machistas, me parece equiparable a pretender eliminar las regulaciones que incrementan las sanciones a un delito cuando los móviles incorporan motivaciones racistas, xenófobas o racistas, y no voy a explicar aquí quienes son los que se oponen a este tipo de regulaciones que pretenden combatir los arraigados comportamientos discriminatorios.
Dexter: pasó porque teóricamente no es sólo el sexo del agresor y la víctima, sino que hay que demostrar que el móvil fue machista, concretamente para perpetuar la discriminación del hombre sobre la mujer. Nada menos. Que luego se aplique *siempre* que un hombre agrede a una mujer es un error y puede dar lugar a que esas aplicaciones sean declaradas un día inconstitucionales.
El móvil machista, sin más, ya era (y sigue siendo) una agravante, como recuerda Nazareno en relación con otros motivos.
Bueno, la Ley habla de ejercer violencia, etc. contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad. Y los Juzgados especiales se llaman «Juzgados de Violencia contra la Mujer». Así que siguiendo a literalidad de la ley, está bien aplicada.
Ahora, lo que sí es discutible es la redacción de la Ley, que tiene muchas lagunas y su aplicación en la práctica deja mucho que desear. Pero bueno, había que tomar alguna medida frente a la «violencia machista», y salió esto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nazareno. A mí también me cuesta comprender cómo es posible que haya personas que no vean lo importante y necesaria que es la Ley Integral. Esta ley nace por una circunstancia excepcional y lamentable: muchos hombres, amparándose en una ideología inadmisiblemente machista en donde el hombre es el dueño y señor de la mujer, pegan e incluso matan a las mujeres. No se trata de que la gravedad del crimen dependa del género, esto es una lectura simplista, muy cómoda y errónea de esta Ley. La gravedad del crimen viene dada por el uso que el hombre hace de su poder sobre la mujer en una relación totalmente desigual.
También me parece muy acertada la comparación que hace Nazareno con los delitos racistas. Al igual que el racismo, la violencia de género se asienta sobre relaciones de poder desiguales entre personas/colectivos.
Y respecto a la noticia, la verdad es que no me parece bien que la agresión de una mujer a su esposa/novia sea tratada como violencia de género porque, por definición, ésta sólo se da en las relaciones heterosexuales. En las relaciones homosexuales, la violencia entre cónyuges debería ser tratada como violencia familiar y sancionada en función al código penal ordinario.
Estoy de acuerdo contigo, Nazareno, pero sigo pensando que es un error intentar educar a través de leyes con penas distintas según el sexo del agresor.
La mejor forma de combatir el machismo, (y la homofobia, y el racismo, y la mayoria de males de esta sociedad) es a través de la educación.
Las leyes están, o deberían estar para castigar a los criminales y para disuadir.
Que haya agravantes por inclinacion machista ya me parece mas lógico.
Dexter, es cierto que la educación es la mejor arma que se puede utilizar en casos como violencia de género, racismo, homofobia, etc. En esto, el Gobierno se debería poner más las pilas y creo que no lo está haciendo como debería. Sin embargo, a pesar de que la educación sea lo mejor, también es cierto que ahora mismo existen muchas mujeres que están siendo maltratadas y para ellas y sus agresores no hay educación que valga. Estas mujeres necesitan respuestas rápidas, pues su vida está en juego, y ésa es la verdadera utilidad de esta ley que, por cierto, no se limita sólo a castigar a los agresores, sino que en ella se habla de otros recursos que deben destinarse a las mujeres maltratadas.
Dejando de lado el marco legal que se ha aplicado y su indudable valor simbólico, y entrando en lo concreto: ¿quienes estáis a favor de esta ley veis que alguna de las medidas que se han aplicado contra esta agresora —prisión, orden de alejamiento— y de los beneficios que puedan aprovechar a su víctima no se deberían haber aplicado en este caso? Es decir, ¿creéis que la respuesta penal o la atención a la víctima debería haber sido menor o distinta?
Tal y como yo lo veo, este caso no es violencia de género. Será violencia familiar o algo parecido, pero no de género al no establecerse una relación desigual entre las dos personas por razón del género al que pertenecen, ya que las dos son del mismo género. Por lo tanto, si yo fuera jueza, no hubiese aplicado esta Ley a este caso. Hubiese seguido el procedimiento ordinario.
Yo opino como Mireya, aquí no acabo de ver violencia de género.
Lo de la educación está bien, sin duda, pero yo creo que establecer sanciones penales para este tipo de agravantes supone, precisamente, darle un rango superior a los valores de igualdad y socavar los fundamentos de los comportamientos discriminatorios. Cuando se sanciona los móviles racistas en una agresión, no se sanciona de forma diferente en función de la etnia del agresor o del agredido. Y lo mismo pasa con la violencia de género, no se sanciona al varón por ser varón y agredir a la mujer, se sanciona que se emplee la violencia física como mecanismo de dominio del varón sobre la mujer en las relaciones afectivas de pareja.
Según mi criterio, la ley debería castigar por igual la violencia en el seno de la pareja, sin distinguir marido/mujer y hablar simplemente de «cónyuges» (como hace el código civil al regular el matrimonio). Así se evitarías situaciones de desigualdad, y se seguiría aplicando mayoritariamente al hombre que maltrata a la mujer que es caso más usual.
Es un tema complicado. Además, la solución al problema no está en la creación de una ley (como ha quedado demostrado, que con una ley tan severa no se hayan reducido drásticamente los casos como debería haber pasado).
¿Cuántos hombres mueren a manos de sus mujeres? ¿Cuántas mujeres mueren a manos de sus maridos? Honestamente, si se responde a esta pregunta, desgraciadamente, el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos es dramáticamente mayor que el número de hombres que mueren a manos de sus mujeres. Ante esta situación tan excepcional se ha creado esta Ley Integral. Por tanto, si la Ley se aplicara tanto a maridos como a mujeres, perdería todo su sentido.
Si en algún momento (espero que nunca llegue a ocurrir), el número de hombres asesinados por sus mujeres por razones de género comienza a subir, entonces sí que habría que modificar la Ley o crear una nueva que cubriera ese tipo de violencia.
Por otro lado, decir que el objetivo de esta Ley no era ni es disminuir los casos de violencia de género, sino dotar de más posibilidades a las mujeres que sufen maltrato. Es más, cuando se puso en funcionamiento esta Ley, ya se sabía que el número de agresiones y de denuncias subiría alarmantemente.
Aticus, lo lamento mucho, pero lo que quebraría el principio de igualdad sería, precisamente, poner en el mismo nivel la violencia que utilice la mujer a la que utiliza tradicionalmente el varón en las relaciones de pareja. Eso sería, simple y llanamente, como si se sancionase de la misma forma la agresión de un grupo violento racista a una persona de una étnia discriminada; que la agresión de un grupo violento contra una persona de forma indiscriminada. Entenderás, que en el primer caso, todo la sociedad resulta afecta, y con la agresión se refuerza la subordinación del grupo étnico discriminado, mientras que todos los que consideran que ese discriminación es legítima ven reforzado su rol dominante.
Esto que ahora es tan sencillo de entender (pero que ha costado lo suyo, no creas), se atraganta cuando se trata de ideología de género. Supongo que, en el fondo, todos participamos en una medida u otra de esa ideología, y nos resistimos como gastos panza arriba a asumir nuestra responsabilidad.
Hay dos problemas teóricos con este planteamiento: primero, la prueba. Es muy difícil probar el móvil que conlleva el mayor devalor. Así que, ligado a lo anterior, en segundo lugar, tenemos el riesgo de una aplicación que pecará por defecto (por falta de prueba y miedo a condenar a un inocente) o por exceso (por miedo a dejar desamparada a una víctima).
Para saber si estos problemas teóricos se dan en la práctica, habría que tomar el número de agresiones que antes de la ley integral recibían la agravante de sexo (misma que se refiere a la raza) y compararlo con el número de agresiones que ahora se tramitan bajo el nuevo tipo de la ley integral.
La sensación que dan los medios de comunicación (al menos, es mi percepción) es que hemos pasado de no aplicar nunca (en defecto) la agravante que había, a aplicar siempre (en exceso) el nuevo tipo de la ley integral. Este último fenómeno se vería reforzado porque, cuando muere una mujer asesinada por su marido, salen a relucir cuántas veces lo había denunciado, y cada víctima asesinada —a diferencia de cada caso de éxito— cae como un baldón sobre el juez/policía que no actuó antes. Lo triste es que generar este estado de ánimo en los medios lleva a una profecía autocumplida, porque más presión se ejerce aún sobre jueces y policías para aplicar una ley (que ha hecho falta perfilar mucho para que pueda ser constitucional) a los casos en que cualquier víctima la invoque.
Desde este estado de ánimo, no es incomprensible que el juez de Santander haya querido amparar a la víctima que le solicitaba tutela. Qué le pasaría si, por no adoptar estas medidas, la mujer de la víctima la mata.
Desde el punto de vista de la ley integral, tan erróneo es que se condene a una mujer agresora, como que se condene a un hombre agresor que no iba movido por ese ánimo discriminatorio concreto. Hacer que sólo unas víctimas concretas (las mujeres heterosexuales) tengan esta mayor protección en la ley hace inevitable que, poco a poco, la misma penalidad se extienda a supuestos conexos.
Es lo que en otros ámbitos conocemos con la ilegalización por «ser entorno», ser «entorno del entorno» o sufrir «contaminación sobrevenida». Cuando algo se ve que funciona, es difícil resistirse a reservarlo a una sola categoría. Slippery slope, que es como funcionamos.
Al hilo de lo que dice arriba Mireya, ojo, porque también hay hombres maltratados por su pareja, y podrian no ser pocos.
Historicamente la mujer ha sido y es inferiorizada y maltratada, pero estos casos también existen.
Y si además le sumáis el miedo y la verguenza, hace que si en los casos de violencia machista las denuncias sean por ejemplo, que se yo, del 50% de casos, en este caso sean todavía menores.
Como siempre la dichosa invisibilidad.
También son especialmente preocupantes las denuncias falsas, porque al final acaban perjudicando a las propias mujeres:
http://meneame.net/story/denuncias-falsas-maltrato-levantan-sospechas-algunos-procesos
Caramba, ya son votos, ya. Desde luego es un problema gordo el que tenemos en este país. Si que va a hacer falta mucha educación, pero que mucha, para que se acepte plenamente cual es la situación que muchas mujeres sufren con sus parejas, no por una situación singular, sino por una concepción bien arraigada que cuenta con resortes muy difíciles de remover.
Claro, supongo que tanta atención mediática a los casos de violencia de género contra las mujeres le han restado interés, más de una muerte por semana, y decenas o centenares de miles de situaciones de agresión (denunciadas, me temo que estimar en un 50% las que quedan en la sombra, es una estimación muy moderada). Como se va a comparar todo eso con una falsa denuncia…
Claro, que esta otra noticia ha logrado una votación aún más destacada, y comentarios muy ilustrativos. ¿tendrá algo que ver con la situación que trata de atajar la legislación sobre la violencia de género?
http://meneame.net/story/mujer-provoca-sexualmente-luego-echa-para-atras/1
El argumento de las denuncias falsas para atacar la Ley Integral es la principal razón a la que aluden los maltratadores para quejarse de dicha Ley. Además, según datos oficiales, el año pasado fueron sólo ocho denuncias falsas las que se detectaron. Y por denuncias falsas no se entiende que el maltrato no haya ocurrido, sino que no se ha podido demostrar por ciertas razones. Entre estas razones se encuentra la negativa de algunas mujeres de declarar en el juicio por miedo, coacciones, etc. por parte del maltratador o de su familia.
Como digo siempre que se habla de las denuncias falsas: las bajas médicas en el trabajo están para utilizarlas correctamente, pero siempre hay gente que lo hace de forma fraudulenta. Estos fraudes deben ser destapados y sus autores deben ser castigados. Lo mismo ocurre con esta Ley: está hecha para ayudar a las mujeres maltratadas, pero siempre cabe la posibilidad de que alguna mujer mienta. Estas mujeres deben responder ante la justicia. Pero que haya mujeres que utilicen la Ley de forma fraudulenta no quiere decir que la Ley deba retirarse, porque si esta lógica se aplicara para otras leyes, entonces nos quedaríamos sin ellas.
Nazareno, estoy contigo, se necesita muchísima educación para hacer entender la discriminación que sufren las mujeres. Pero además se necesita mucha fuerza para resistir los envites que el patriarcado da a cada paso que las mujeres damos hacia adelante, como la Ley Integral.
Todos tenemos algo de razón. Si los políticos no han podido solucionar el problema cuando es su trabajo, nosotros no vamos a solucionarlos en unos cuantos comentarios. Es un asunto preocupante y con muchos claroscuros.
Os felicito por un un debate maduro, serio e inteligente como este que estamos teniendo en esta noticia. Así da gusto comentar.
Esta ley desde el principio fue un despropósito, y el TC la salvó por los pelos. Pero por mucho que digan, es obvio que castigar el mismo delito con distintas penas según el sexo de la persona agresora es discriminatorio.
Me sorprende también que muchos justifiquen esta discriminación hacia los hombres basándose en que hay menos hombres maltratados que mujeres maltratadas. Es el mismo argumento que usaron los que nos querían negar el derecho al matrimonio: «¿Cuántas parejas homosexuales se van a casar? Bah, cuatro gatos.» Entonces les respondimos: aunque sólo haya una pareja homosexual que quiera casarse, ésta debe poder hacerlo. Y ahora los que niegan a los hombres maltratados los mismos derechos y protección que tienen las mujeres maltratadas usan el mismo argumento del número/porcentaje: pues no, aunque haya un sólo hombre maltratado, éste merece el mismo reconocimiento y protección por parte de la ley, que ahora no tiene, y que su agresora o agresor reciba el mismo castigo que si hubiera sido un hombre heterosexual, que tampoco pasa. Pero tranquilos, que hay más de un hombre maltratado, hay millones, pero callan porque no se atreven a denunciar a la policía por miedo a que no se les crea y sean ridiculizados, como antes les pasaba a las mujeres. La discriminación no ha desaparecido, se ha invertido, pero parece que a much@s ya les está bien. Hoy maltratar a un hombre sale barato a las mujeres; con una simple llamada puedes enviar a tu compañero al calabozo, sin pruebas ni parte médico, sólo con la palabra de la mujer basta para arruinarle la vida.
Y mientras tanto, miles y miles de hombres sufren en silencio, unos porque saben que si denuncian a sus mujeres serán ellos quien acaben entre rejas, y otros no se atreven a denunciar a sus maridos porque resulta que, como ellos -las víctimas- no son mujeres, tampoco merecen la misma protección que éstas, porque la ley no sólo dicrimina a los hombres heterosexuales, sino también a los hombres y mujeres homosexuales, es decir, al 60% de la población.
Por lo tanto, me parece estupendo que a esta maltratadora se le haya aplicado la misma ley y que la víctima tenga el mismo trato por parte de las autoridades que las demás, ahora sólo espero que también se aplique cuando un hombre, homosexual o heterosexual, sea maltratado por su pareja.
Mireya: «Como digo siempre que se habla de las denuncias falsas: las bajas médicas en el trabajo están para utilizarlas correctamente, pero siempre hay gente que lo hace de forma fraudulenta. (…) Pero que haya mujeres que utilicen la Ley de forma fraudulenta no quiere decir que la Ley deba retirarse, porque si esta lógica se aplicara para otras leyes, entonces nos quedaríamos sin ellas«.
El argumento me parece muy interesante. Con todo, solicitar indebidamente una baja no conlleva prisión o expulsión del domicilio a la víctima de tal ilegalidad. El empresario engañado y la Seguridad Social engañada pierden un dinero, importantísimo por el que el trabajador que abusa debería recibir castigo y restituir el daño, pero no va más allá. El agregado puede ser costoso, pero nada comparable con lo que puede sufrir la víctima de una denuncia falsa.
El problema es que ese daño es, a su vez, incomparable con el que puede sufrir la víctima de una denuncia verdadera si no se toman medidas inmediatamente. Y es ese el brutal dilema al que se enfrentan quienes tienen que tomar la decisión: si el juez o el policía se equivoca, las consecuencias van a ser muy duras y además atraeran la atención de los medios, como es lógico. Me imagino que será muy difícil hacer una aplicación prudente de estas leyes.
De todas formas, para mí el debate no está aquí, sino en saber por qué si las medidas de la ley integral son tan buenas, no se pueden aplicar a otros casos de violencia. En el caso concreto de Santander, ver qué medida que ha adoptado el juzgado al amparo de esa ley no tendría que haberse adoptado en interés público, de la víctima o de la reeducación de la agresora.