Amplio reportaje sobre la judicialización de la reasignación sexual en menores

El diario El País publica hoy un amplio reportaje sobre el caso de la joven transexual de 16 años que necesita el permiso de un juez para poder llevar a cabo la cirugía de reasignación, pese a contar tanto con el apoyo de sus padres como con el respaldo médico. El reportaje incide en un punto que ya hemos denunciado en dos manzanas, la incongruencia entre el Código Penal de 1995, que penaliza la «cirugía transexual» en menores, y la ley reguladora de la autonomía del paciente de 2002, que establece que un paciente de más de 16 años puede decidir a qué tratamientos desea someterse, con algunas excepciones que no incluyen la cirugía de reasignación.

El reportaje recoge, entre otras, la opinión del profesor de Derecho Penal Octavio García, para el cual el problema de fondo es que la regulación sobre los menores está «muy dispersa». Para algunos asuntos no se les considera capaces hasta los 18 años y, en cambio, «para lo malo pretendemos bajar a 12 años la responsabilidad penal». «Deberíamos partir de la capacidad natural de juicio de los menores en cada caso», afirma, «aunque no estemos de acuerdo con las decisiones que puedan tomar». Por lo que se refiere al Código Penal, García entiende que «no pueden estar prohibidas las intervenciones que no sólo no perjudican la salud, sino que la mejoran».

El artículo se hace eco de la polémica generada tras las palabras de Iván Mañero, jefe de la unidad de género del Hospital Clinic de Barcelona, que argumentó que la transexualidad era una enfermedad y equiparó el caso al de una menor con leucemia cuyo tratamiento es urgente. Recoge, en concreto, el comunicado de la Asociación de Transexuales de Andalucía, publicado en dos manzanas, aclarando que la transexualidad no es una enfermedad, aunque la reasignación sexual en aquellas personas que desean someterse a ella sí necesite una intervención médica. «¿Acaso alguien sigue defendiendo que una circunstancia personal como es la maternidad sea una enfermedad, por más que en algunos casos requiera hasta intervención quirúrgica (cesáreas)?», afirmaba el comunicado.

Respecto a la conocida como ley de identidad de género, la diputada Carmen Montón, una de sus ponentes, insiste en que no regula las condiciones para operarse, sino para cambiar la situación registral de forma que refleje el nombre y sexo que la persona siente como propios, condiciones entre las que por cierto no se considera necesaria la cirugía de reasignación. Pedro Zerolo está de acuerdo, aunque considera que este caso demuestra «que hace falta un desarrollo reglamentario» de la norma para recoger toda la casuística.

En el fondo de la polémica parece subyacer el temor de que, si se permite la cirugía de reasignación «muy pronto», la persona pueda «arrepentirse». «Por eso la ley es tan restrictiva, es muy protectora», admite el profesor García. Jos Megens, de la unidad de género de la Universidad Libre de Ámsterdam, lo tiene claro: «cuanto antes se empiece la reasignación de sexo, mejor. Si se consigue actuar antes de la pubertad, la terapia hormonal es más efectiva».  «En unas edades donde la integración social es clave y el pronto tratamiento es básico para un mejor resultado, judicializar la atención sanitaria integral, retrasándola durante meses e incluso años, no beneficia ni social ni psíquica ni físicamente a los afectados», afirmaba también el comunicado de la  FELGTB al respecto.

Lástima que el cuidado artículo de El País se acompañe, en la línea de dar una cal y otra de arena a la que ya nos tiene acostumbrados ese periódico, de una encuesta donde directamente se pregunta a sus lectores, en la línea del periodismo más simple y amarillista, «¿Pueden los menores decidir que quieren cambiar de sexo?» .