El Senado de Uruguay confirma la apertura de la adopción a las parejas del mismo sexo

Excelente noticia: el Senado de Uruguay aprobó ayer miércoles, por 17 votos de un total de 23, la nueva legislación sobre adopciones a la que el Congreso ya había dado su visto bueno hace unos días, y que permite a las parejas del mismo sexo unidas civilmente adoptar hijos. Algo que no es posible en países como Francia o Alemania, por ejemplo, y que sitúa a Uruguay como el país latinoamericano con un marco jurídico más avanzado para las parejas del mismo sexo.

En realidad, la nueva ley nada dice sobre las parejas homosexuales, sino que se limita a ampliar la posibilidad de adoptar hijos a las parejas unidas civilmente mediante la denominada «ley de unión concubinaria». Dado que dicha ley contempla también a las parejas del mismo sexo, estas se convierten en posibles adoptantes. La ley ha obtenido el respaldo tanto del Frente Amplio (la coalición de izquierda gobernante) como del Partido Colorado, en la oposición. El Partido Nacional, también en la oposición, ha votado en contra. Un resultado amplio, fruto de un Parlamento que no se ha dejado amedrentar por las presiones de la iglesia católica, que como era de esperar se había opuesto con energía a la medida.

La situación jurídica de las parejas del mismo sexo podría mejorar si el Frente Amplio revalida victoria en las elecciones que tendrán lugar en octubre. La senadora Margarita Percovich adelantó en mayo que si eso sucedía, la coalición promovería el matrimonio entre personas del mismo sexo, acabando con la discriminación existente en este momento (recordemos que, por ejemplo, para acceder a los derechos que ofrece la unión concubinaria son necesarios cinco años de convivencia). 

No son estos los únicos avances de los derechos LGTB que se están produciendo en Uruguay. En mayo se puso punto final a la prohibición a los homosexuales de ingresar en el Ejército, mientras que en diciembre pasado el Senado aprobó la ley que permitiría la modificación registral de sexo por parte de las personas transexuales sin necesidad de cirugía de reasignación, ley que podría ser votada en breve por el Congreso.