Aprobada definitivamente la nueva ley de asilo, que reconoce este derecho a los perseguidos por orientación sexual o identidad de género

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, de forma definitiva, la nueva ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que refuerza la protección de mujeres, niños, discapacitados y personas perseguidas por razón de orientación sexual o identidad de género, que por primera vez ven explícitamente reconocido su derecho a solicitar asilo. El texto había sido ya aprobado en junio, pero ahora se han introducido enmiendas que han permitido ampliar el apoyo parlamentario recibido (327 votos a favor y una sola abstención, la de Rosa Díez).

Como ya en adelantábamos en junio, La nueva ley mejora las garantías y acorta los plazos de concesión del asilo. Respecto a la posibilidad de pedir el asilo en embajadas y consulados, uno de los puntos sobre los que ha habido más polémica, finalmente se habría llegado a un compromiso para tener listo en seis meses un reglamento que determinará las condiciones de acceso a las legaciones diplomáticas y el procedimiento para evaluar la necesidad de trasladar a España a los peticionarios.

El hecho de que a los ciudadanos de otros estados de la Unión Europea se les niegue el derecho de asilo “como si en la UE fuera inconcebible que haya personas perseguidas por su raza o su orientación sexual” había sido especialmente criticado por en su momento por el diputado de ERC, Joan Tardá, que pese a reconocer los aspectos positivos que introduce la ley ha vuelto a insistir en que el texto aprobado es mejorable.

Tampoco ONGs como Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado están satisfechas con la nueva ley, en la que ven algunos aspectos positivos pero que consideran que, en la práctica, aumenta los obstáculos para poder acceder al asilo. Entre los aspectos negativos, se critica la exclusión de los ciudadanos de la Unión Europea del derecho a solicitar asilo, la desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas (aunque, como hemos indicado, parece que este tema se va a reglamentar), el aumento de las causas de exclusión, el concepto de “tercer país seguro” como causa de inadmisión de la solicitud o la ampliación de los plazos de detención en frontera, entre otros.