ENTREVISTA A PEDRO JULIO SERRANO (PR para Tod@s): “Aunque las leyes federales estadounidenses tienen resonancia y aplicabilidad en Puerto Rico, la realidad es que en muchos casos, Latinoamérica se está moviendo más rápidamente en algunos frentes LGBT.”
En esta ocasión es el turno de Puerto Rico. He tenido la oportunidad de conocer la situación del colectivo LGTB puertorriqueño de la mano de Pedro Julio Serrano. Este conocido activista fue en 1998 el primer candidato abiertamente gay a la Cámara de Representantes de Puerto Rico. En 2003 funda la organización LGTB “Puerto Rico para Tod@s” y desde entonces no ha dejado de trabajar a caballo entre EE.UU y su Isla en favor de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Su labor activista ha merecido varios premios de reconocimiento.
Alberto: ¿Qué es “PR para Tod@s”? ¿Cómo y cuándo nace vuestra organización?
Pedro Julio Serrano: Puerto Rico Para Tod@s es una organización no gubernamental sin fines de lucro que lucha por los derechos y la inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en Puerto Rico. Lucha por elaborar un proyecto que acoja a todos los seres humanos en nuestra isla, mediante la educación sobre la justicia social, enfatizando la creación de un entorno social que rechace el prejuicio y fomente la inclusión; la concienciación de los medios de comunicación para que presenten una imagen digna de los diferentes sectores de la sociedad en sus proyectos; y abogando por la creación de leyes y proyectos gubernamentales que fortalezcan la justicia social para todos los seres humanos.
La organización nace en el año 2003 al descubrir un vacío en el movimiento LGBT en Puerto Rico que educara sobre las comunidades LGBT a través de los medios de comunicación.
A: ¿Coopera “PR para Tod@s” con otras organizaciones LGTB del Caribe? ¿Cómo se articula esta cooperación?
PJS: Puerto Rico Para Tod@s por ser una organización voluntaria trabaja fundamentalmente con proyectos en Puerto Rico y no ha establecido lazos de cooperación con otras organizaciones LGBT en el Caribe. No ha sido por falta de interés, sino por falta de recursos para poder extender nuestro alcance. Sí hemos contactado con otras organizaciones en Latinoamérica, como por ejemplo cuando más de una veintena de organizaciones LGBT latinas apoyaron el borrador del Código Civil en Puerto Rico que contiene uniones de hecho para las parejas del mismo sexo y heterosexuales que conviven sin casarse, así como el cambio en el encasillado de sexo del certificado de nacimiento para las personas transexuales. Además, estamos en la mejor disposición de colaborar con otras organizaciones en el Caribe y el resto del mundo.
A: Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a EE.UU. ¿Facilita este estatus el impulso de avances para el colectivo LGTB?
PJS: El colonialismo es un obstáculo al desarrollo de la libertad, tanto individual como colectiva. Aunque las leyes federales estadounidenses tienen resonancia y aplicabilidad en Puerto Rico, la realidad es que en muchos casos, Latinoamérica se está moviendo más rápidamente en algunos frentes LGBT. Aún así, nuestra realidad socio-política nos obliga a aplicar las decisiones en derecho que vengan desde los Estados Unidos. Sin embargo, hay movimientos que se dan dentro de Puerto Rico para reconocer la igualdad de derechos de las comunidades LGBT.
A: Actualmente, ¿cuál es la situación legal de los derechos LGTB en Puerto Rico?
PJS: Puerto Rico es un país que sólo recientemente derogó la Ley de Sodomía, que criminalizaba a las personas LGBT. En el 2003, justo antes de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que eliminó las leyes de sodomía en todos los estados y territorios, el Senado puertorriqueño votó para sacar el Artículo 103 de sodomía del Código Penal, quitando así la amenaza de diez años de cárcel por ser gay.
En 1999 se aprobó una ley, firmada por el ex gobernador Pedro Rosselló, para prohibir el reconocimiento en Puerto Rico de los matrimonios entre parejas del mismo sexo que se realicen en otras jurisdicciones.
En Puerto Rico hay una Orden Ejecutiva, firmada en el 2008 por el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, para prohibir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el empleo público. Por no ser ley, sólo se aplica al gobierno estatal. También, existe la Ley de Crímenes de Odio para añadir agravantes en un caso criminal en caso de que el crimen haya sido motivado por el prejuicio en contra de la víctima por su orientación sexual o identidad de género.
En el pasado cuatrienio, se derrotó una propuesta de enmienda constitucional para prohibir y negar derechos a las parejas del mismo sexo y heterosexuales que conviven sin casarse, conocida como la Resolución del Senado 99.
Ante la consideración de la Legislatura, se encuentra el borrador del Código Civil en Puerto Rico que contiene uniones de hecho para las parejas del mismo sexo y heterosexuales que conviven sin casarse, así como el cambio en el encasillado de sexo del certificado de nacimiento para las personas transexuales. También se está considerando el Proyecto de la Cámara 1725, que prohibiría la discriminación por orientación sexual y se ha exigido que incluya también la identidad de género.
A: ¿Cuáles son los principales retos del movimiento LGTB puertorriqueño en estos momentos?
PJS: Los retos más grandes del movimiento LGBT puertorriqueño son lograr más recursos para adelantar la lucha por la igualdad, una necesidad de que más personas se involucren en el movimiento, la imperiosa obligación de que se cree una conciencia de clase para tomar decisiones a favor del colectivo, en lugar de pensar individualmente.
A: ¿Existe aún homofobia en la sociedad y en la política puertorriqueñas?
PJS: La homofobia, motivada principalmente por una ideología fundamentalista excluyente, aún permanece en la sociedad y la política puertorriqueñas. La sociedad abarca desde programas de radio y televisión que aún pueden burlarse impunemente de las personas LGBT hasta la ignorancia de los pronombres correctos que debe utilizar un periodista para referirse a una persona transgénero. En la política, tenemos desde legisladores que han votado en contra de nombramientos de funcionarios públicos por su alegada orientación sexual hasta el presidente senatorial que ha catalogado de “enfermos mentales” y “torcidos” a las personas LGBT.
A: ¿Existen diferencias entre los principales partidos políticos puertorriqueños (PPD, PNP y PIP) en materia de libertades sexuales?
PJS: En las pasadas elecciones del 2008, los cuatro partidos políticos, por primera vez en la historia, incluyeron propuestas para reconocer algunos derechos a las comunidades LGBT. Sin embargo, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha sido más vocal en la defensa de estos derechos, siendo el único que incluyó a las personas transgéneros y transexuales en su plataforma política. El Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) y el Partido Popular Democrático (PPD) ofrecieron más o menos lo mismo en términos de erradicar la discriminación por orientación sexual e implementar uniones de hecho. El Partido Nuevo Progresista (PNP) sólo se comprometió a prohibir la discriminación por orientación sexual en el empleo y dejó la puerta abierta para revivir una enmienda constitucional para prohibir y negar derechos a las parejas del mismo sexo y heterosexuales que conviven sin casarse.
A: ¿Cuáles son las expectativas del movimiento LGTB puertorriqueño ante el mandato de Luis G. Fortuño como gobernador?
PJS: No hay muchas expectativas en términos de promesas programáticas ante el gobierno actual. La única promesa fue la prohibición de la discriminación por orientación sexual en el empleo, pero al mismo tiempo se dejó la puerta abierta para revivir una enmienda constitucional para prohibir y negar derechos a las parejas del mismo sexo y heterosexuales que conviven sin casarse. La lucha en este cuatrienio será cuesta arriba, pues no tan sólo se ha prometido incluir una innecesaria e inconstitucional excepción religiosa en el proyecto antidiscriminatorio, sino que la amenaza de revivir la Resolución 99 está muy presente. Además, se considera limitar aún más la propuesta de limitados derechos para las parejas del mismo sexo en la revisión del Código Civil. El panorama no es alentador, pero el movimiento LGBT está en pie de lucha para lograr la igualdad total, plena, absoluta.
A: ¿Es España un ejemplo en las avances legislativos a conseguir para la igualdad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales?
PJS: Sin lugar a dudas, España por su historia política y su parecido con Puerto Rico, es un ejemplo a seguir en los avances de derechos iguales para las personas LGBT. Tanto por el predominio del catolicismo, así como por una cultura parecida, España presenta un modelo perfecto para mostrar a nuestro pueblo que es posible reconocer la igualdad de derechos a las personas LGBT sin menospreciar la libertad de religión y, al mismo tiempo, reconociendo que la igualdad nos tiene que cobijar a todos y todas.
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Para aclarar a los amigos lectores que no están familiarizados con Puerto Rico y poner la información en contexto:
Aunque Puerto Rico derogó sólo recientemente un artículo del Código Civil heredado del código civil español referente a la sodomía, el mismo era letra muerta. En Puerto Rico no se acusaba, ni procesaba criminalmente a nadie por sodomía.
No es sólo entre los fundamentalistas que ha existido y existe la homofobia en la isla. También existe entre amplios sectores católicos y protestantes regulares, inclusive en grupos agnósticos. La homofobia es una lacra general en las Américas, aunque fue también acá que se originó el movimiento por los derechos LGBT. Es cierto que, recientemente, con el progreso de los reclamos de la comunidad LGBT, lo más vociferantes opositores son los grupos fundamentalistas.
Si bien es cierto que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) fue el único que incluyó a las personas transgéneros y transexuales en su progama político para las elecciones de 2008, no es menos cierto que éste es un partido mínimo que apenas alcanza el 3% de los votos y que en su programa es muy inclusivo porque su objetivo es atraer votos marginales y quedar inscrito para tener acceso al fondo electoral de $9 millones. En la práctica se trata de un grupo exclusivista de varones blancos afincados en el control del partido que no favorecen la proyección de líderes de la comunidad LGBT, ni siquiera a nivel intermedio.
La realidad es que el estar sujeta la isla a las decisiones en torno a los derechos civiles en EEUU ha sido favorables para las causas civilistas nuestras. El derecho de las mujeres al aborto, la protección contra el discrimen en el empleo por razones de raza, sexo, idearios políticos, las criminalización del acoso sexual en el empelo, etc. nos llega, no por decisiones judiciales o por legislación local, sino mediante legislación y jurisprudencia federal de EEUU. A pesar de que la Constitución de Puerto Rico es una de avanzada, no obstante, a menudo resulta de efecto decorativo.
Tómese, por ejemplo, la separación de Iglesia y Estado que fue eficaz bajo los gobernadores norteamericanos, pero no ha sido así bajo la Constitución del ELA que explícitamente la mandata.
Estos ejemplos los ofrezco para comentar que nuestra realidad sociopolítica es híbrida y bastante compleja.