Inquietudes constitucionales

El 6 de diciembre pasado, Maruja Torres escribía en El País sobre ésos que ella, con un latín deliberadamente macarrónico, denomina tontus sapiens: “Es cosa bien sabida por las mujeres ilustradas, y padecida por las que lo son y por las que no lo son, que en todos los respetables niveles de la eminencia intelectual habitan tontus sapiens a punta pala. No es que los sapiens sean siempre tontus, aunque ello también puede darse. Sólo lo son cuando conviene a sus prejuicios, su egoísmo, su vanidad, su pedantería o su profunda desilusión. Ninguno de esos retrógrados ilustrados se corta cuando le tocan su punto débil: los maricones, las marimachos, los cafres negros, los bárbaros árabes. Las feministas. Como si su intelecto les diera patente de corso para los bajos instintos, las frustraciones.” Lo saben y lo padecen las mujeres, como dice Maruja Torres, y lo sabemos y lo padecemos también muchos hombres: gais, negros, árabes, etc. Habría que puntualizar, además, que esos “retrógrados ilustrados” que retrata la periodista pueden ser también del género femenino: ahí tenemos el caso, por poner un ejemplo, de Gloria María Tomás y Garrido, profesora de Bioética de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que la pasada primavera demostró reiteradamente que, cuando de homosexualidad y bisexualidad se trata, su presumible sapiencia académica no la salva de pronunciarse públicamente en unos términos que sorprenden por su pueril simpleza, por su necedad.

Leyendo el artículo de Maruja Torres el Día de la Constitución, recordé que aún pendía sobre el matrimonio homosexual –esto es, sobre mi matrimonio, sobre miles de otros matrimonios celebrados, en proyecto o simplemente posibles– la espada de Damocles del recurso del PP que considera que dichos matrimonios no caben en la ley suprema cuya fiesta celebrábamos el pasado domingo. No pude evitar entonces que en mi mente se colara la sombra de una duda: ¿y si, en ese Tribunal Constitucional que desde hace años esperamos que se pronuncie sobre nuestros derechos básicos como ciudadanos, hubiera uno, o más de uno, de esos “retrógrados ilustrados”? Quizá entonces serviría de poco que la propia Constitución señale en su artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. O que, a estas alturas, parezca absurdo poner en duda que la homosexualidad entra de lleno en este último apartado, esto es, que constituye una condición personal o social (en realidad tiene ambas dimensiones: la personal y la social) del individuo, y por lo tanto, como dice el texto constitucional, no puede usarse para justificar discriminación alguna, para excluir a unos ciudadanos –del matrimonio, por ejemplo– mientras se incluye a otros.

¿Podría ser que, a pesar de eso, prevaleciera en el Tribunal una lectura retrógrada y restrictiva del artículo 32 (“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”) que estableciera que el matrimonio, en España, es sólo para parejas heterosexuales? Mirar precedentes históricos de cómo han tratado la homosexualidad los tribunales equivalentes a nuestro constitucional de otros países no resulta muy tranquilizador que digamos. Ya comenté hace tiempo cómo en en 1957 el Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana halló plenamente acorde con la Ley Fundamental (la constitución) de la RFA ni más ni menos que la ley promulgada por Hitler en 1935 para convertir en delito incluso las miradas sexualmente insinuantes entre hombres, y no tuvo reparo alguno para fundamentar su sentencia en que dicha norma nazi reflejaba una “ley moral” del pueblo alemán, vigente aún puesto que “las dos grandes confesiones cristianas [la católica y la protestante], de cuyas enseñanzas gran parte del pueblo toma los criterios que regulan su comportamiento moral, condenan la impudicia homosexual como inmoral.” El tribunal alemán no fue el único en escudarse en los ancestrales prejuicios de las religiones monoteístas para propinar una sonora bofetada tanto a los derechos fundamentales de las personas LGTB como a los principios más básicos de la democracia liberal; algo similar hizo el Tribunal Supremo de los EEUU casi tres décadas más tarde, en 1986, al encontrar constitucional la persecución de la sodomía con argumentos tales como que “la condena de dichas prácticas está firmemente enraizada en la moral y la ética judeocristianas (…) Sostener que el acto de la sodomía homosexual está protegido de algún modo como un derecho fundamental sería dejar de lado milenios de enseñanza moral.”

Es cierto que desde 1957 y 1986 las cosas han cambiado mucho en el terreno de la aceptación social de los derechos LGTB, y que, de hecho, los propios tribunales constitucionales alemán y estadounidense han sustituido su punto de vista al respecto por otro mucho menos homófobo. Pero por otro lado, aquello cuya constitucionalidad está hoy en tela de juicio en España no es que la homosexualidad pueda o no perseguirse legalmente, sino que se reconozca o no el matrimonio entre personas del mismo sexo: un paso más en el camino hacia la plena ciudadanía de las personas LGTB que ni en Alemania ni en los EEUU –a nivel federal– ha podido darse todavía. En España, en cambio, sí se ha dado, y eso ha llenado de indignación a muchos retrógrados carpetovetónicos (ilustrados o no): “Me parece un gran disparate llamar matrimonio a la unión de dos hombres o de dos mujeres (…) [; es] una desfiguración de los preceptos, una monstruosidad jurídica (…) Es como si voy a Marte y me encuentro que allí la gente no anda de pie, ¿qué pasa aquí? Es otro mundo. Pues para mí esto también es otro mundo y me quiero morir sin entrar en él.” El hecho de que quien nos regaló hace unos meses semejantes declaraciones –tan en el estilo desacomplejado, talibán y zote de los tontus sapiens–, añadiéndoles además “Yo confío, espero que todo esto se reconsidere”, fuera el mismo señor que presidió el Tribunal Constitucional español de 2001 a 2004, ¿justifica o no cierta inquietud? Pregunto.

Nemo

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