La justicia británica reitera que los funcionarios de los registros no pueden «objetar» y negarse a atender a parejas del mismo sexo‏

Un año después de que un primer tribunal de apelación diera la razón al Ayuntamiento de Islington (al norte de Londres) y confirmara el despido de Lillian Ladele, la funcionaria que se negó a registrar uniones civiles entre personas del mismo sexo apelando a un supuesto derecho a la objeción de conciencia, una segunda corte de apelación ha vuelto a desestimar su recurso. Ladele alegaba que fue discriminada debido a sus convicciones cristianas.

La sentencia ha confirmado que, en el ejercicio de sus funciones como servidora pública, Ladele no podía negarse a atender a ningún ciudadano en base a su orientación sexual, y que su despido no fue consecuencia de una discriminación por motivos religiosos. Pese a que el juez afirma sentir “cierta simpatía” por la posición de Ladele, el fallo establece que “en una democracia liberal avanzada” sólo es posible establecer excepciones “muy limitadas”, que en este caso no están justificadas.

“Estamos satisfechos de que la corte de apelaciones haya confirmado el derecho de gays y lesbianas a acceder a los servicios públicos prestados por funcionarios”, ha manifestado Dereck Munn, representante de Stonewall, la más importante organización LGTB británica.

El Christian Institute, una organización conservadora que en todo momento ha prestado ayuda a Ladele, ha manifestado ya su intención de recurrir ante la Corte Suprema.

Se da la circunstancia de que hace pocos meses, una compañera de Ladele, Theresa Davies, fue degradada de sus funciones por negarse también a registrar uniones civiles entre personas del mismo sexo, por lo cual también ha denunciado al municipio de Islington. Davies acusó al «lobby militante libertario político-sexual” de ser responsable de su situación.