El Gobierno español comparte la necesidad de descatalogar la transexualidad como un trastorno mental

El pasado 15 de marzo del 2010 el Congreso de los Diputados de España respondía a la pregunta realizada por el diputado Joan Herrera del Grupo Parlamentario de ERCIU-ICV. La pregunta era relativa a la opinión del Gobierno en relación a la catalogación de la transexualidad como un trastorno mental. La respuesta del Gobierno parece ser clara: “El Gobierno español comparte la necesidad de descatalogar la transexualidad como un trastorno mental”.

Desde la Red Estatal por la Despatologización de las Identidades Trans valoramos como un posible paso adelante este posicionamiento. Al mismo tiempo, pensamos que si el Gobierno de verdad entiende la importancia de la descatalogación de la transexualidad de los manuales internacionales de enfermedades, debería revisar su propia Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas que regula los cambios de la mención del nombre y sexo de las personas trans en sus documentos oficiales. Dicha ley establece como requisitos obligatorios para realizar estos cambios la acreditación de un certificado de diagnóstico de “disforia de género”, contribuyendo de esta forma a la patologización de las identidades trans.

En los últimos meses se ha generado un fuerte movimiento en el Estado español y en el mundo en el que las personas trans hemos reivindicado la despatologización de la transexualidad. El pasado mes de octubre más de 40 ciudades en el mundo, 15 de ellas del Estado español, se movilizaron por esta misma causa bajo el lema STOP TRANS PATHOLOGIZATION-2012. Desde el año 2007 hasta hoy han surgido nuevos discursos en relación a la cuestión trans y entendemos que este cambio de posición del Gobierno español tiene que ver con la visibilización de estas demandas.

L@s activistas y colectivos de la Red Estatal por la Despatologización de las Identidades Trans comprendemos la importancia de este posicionamiento. Por ello, instamos al Gobierno a que asuma esta posición en la práctica de forma coherente, para que tenga un impacto real en la vida cotidiana de las personas trans. Si el Gobierno entiende que no tenemos un trastorno mental, es contradictorio que nos exija un diagnóstico para reconocernos en tanto que ciudadan@s.