Perú hacia la igualdad
Recientemente Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en lo que representó un triunfo histórico para la democracia y los derechos humanos. Ahora todas y todos los que creemos en la igualdad esperamos con ansia que el tan esperado “efecto dominó” se produzca en la región y que otros muchos países latinoamericanos legalicen también el matrimonio igualitario. Algunos de estos países reconocen ya las uniones civiles entre personas del mismo sexo, sin duda un importante avance, pero que aún no equipara estas uniones a los matrimonios heterosexuales.
Diversos informes en materia de derechos humanos califican el Perú como uno de los países más homofóbicos de América Latina. No en vano, el Perú, a diferencia de sus países vecinos, no ha firmado aún la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas y su Constitución recoge la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Los crímenes de odio contra las minorías sexuales son una triste realidad en este país sudamericano y los casos de violencia y discriminación contra el colectivo LGTB se multiplican de manera alarmante. La mayor parte de estos crímenes cuentan con total impunidad, gracias a la pasividad, cuando no complicidad, de los cuerpos y fuerzas de seguridad como la Policía Nacional o los Serenazgos (Policía Local). A ello hay que sumar la ausencia de compromiso por parte de las instituciones públicas para trabajar decididamente contra la LGTBfobia más allá de medidas electoralistas y discursos políticamente correctos. Como caso paradigmático encontramos el actual gobierno del Presidente Alan García (APRA), uno de los menos comprometidos con la igualdad en la historia del Perú, según el movimiento LGTB peruano.
El Perú cuenta con un movimiento LGTB potente y organizado que sigue luchando, en alianza con otros movimientos sociales, por la igualdad y la diversidad. La labor de organizaciones como el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), la Red Peruana TLGB y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) son buenos ejemplos de ello. Actualmente los principales retos del movimiento LGTB peruano en el ámbito institucional son dos: impulsar la aprobación de una iniciativa legal contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género (Ley de Igualdad y No Discriminación) y el desarrollo de una campaña que culmine con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, para la cual será necesaria una reforma constitucional.
A pesar de la LGTBfobia enfermiza de las Iglesias católica y evangélica y de la derecha peruana, el trabajo comienza a dar sus primeros frutos. Recientemente el congresista aprista José Vargas Fernández presentó un proyecto de ley para reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo. La ley tendría como objetivo fundamental la protección de los derechos patrimoniales. De ser aprobada, equipararía estas uniones civiles con las parejas de hecho, no con los matrimonios, y tampoco reconocería la adopción. Sin embargo, permitiría un notable avance en el camino hacia el matrimonio igualitario. De todos modos, es complicado que este proyecto de ley salga adelante, no solo por la oposición de la derecha peruana presente en el Congreso, sino por el fuerte desacuerdo que ha despertado en el interior de la propia Célula Parlamentaria Aprista.
El Perú vivirá en los próximos meses dos destacadas citas electorales: en octubre de 2010 se celebrarán elecciones municipales y regionales y en abril de 2011 elecciones generales (legislativas y presidenciales). Sin lugar a dudas, las reivindicaciones del colectivo LGTB entrarán de lleno en agenda y estarán muy presentes en estas campañas electorales. En el ámbito regional y local las demandas del movimiento se centrarán en la generalización de ordenanzas regionales y municipales que condenen y persigan toda forma de violencia y discriminación contra las minorías sexuales. Mientras que, en el ámbito nacional se pedirá la aprobación de la ya citada Ley de Igualdad y No Discriminación y el reconocimiento del matrimonio igualitario por parte del Congreso.
Por ahora ya se han logrado algunas victorias simbólicas en el plano electoral. Varias candidaturas han anunciado la inclusión de activistas LGTB en sus listas, como es el caso de la candidatura de Fuerza Social a la Municipalidad de Lima. Por otra parte, varios candidatos y candidatas se han comprometido públicamente a defender los derechos de las minorías sexuales y a recoger en sus programas electorales las demandas del colectivo LGTB, como son los casos de Susana Villarán (FS), candidata a la Alcaldía de Lima, y Jaime Bayly (NNG) y Marco Arana (TyL), candidatos a la Presidencia de la República. Paso a paso Perú rompe barreras e inicia su propio camino hacia la igualdad.
Esperemos que cambie Perú y el resto de Iberoamérica.