La administración Obama pide que la sentencia que declaró inconstitucional el «Don’t ask, don’t tell» no se haga por el momento efectiva

La administración Obama ha solicitado a la justicia federal de California que por el momento no haga efectiva la sentencia que declaró inconstitucional la política de “Don’t ask, don’tell”, que impide a gays y lesbianas servir en el Ejército a no ser que mantengan oculta su orientación sexual.

Como informamos hace días, la jueza federal Virginia A. Phillips daba la razón a Log Cabin Republicans (grupo LGTB vinculado al Partido Republicano) que había demandado a la administración federal por la aplicación del «Don’t ask, don’t tell». En una petición que tuvo ayer jueves entrada oficial en el juzgado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita que por el momento no se ordene su entrada en vigor en el territorio nacional ni entre las tropas que se encuentran destinadas en el extranjero, argumentando que podría afectar a la operatividad de las operaciones. Puedes descargar el documento completo (en inglés, formato PDF) pinchando aquí.

La petición de la administración Obama supone un nuevo mazazo a la comunidad LGTB sólo dos días después de que el pleno de Senado, debido al «filibusterismo» de los republicanos, bloqueara el proceso de derogación del “Don’t ask, don’t tell”. Una derogación ya aprobada por la Cámara de Representantes (aunque condicionada al visto bueno del Pentágono) pero que el Senado no volverá a discutir, en todo caso, hasta una sesión “de rescate” que se celebraría a finales de año. Ya se habrían celebrado las elecciones de noviembre (que entre otras cosas deben renovar un tercio de los miembros del Senado) pero los nuevos senadores todavía no habrían tomado posesión de su cargo.

La petición anticipa, además, la intención del Departamento de Justicia de apelar la propia sentencia, para lo cual dispone de un plazo de dos meses. El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, ha intentado salir del paso manifestando que esta decisión no supone ruptura alguna del compromiso del Presidente Obama de promover la derogación del «Don’t ask, don’t tell», pero por vía legislativa.