La justicia ordena que la sentencia que declaró inconstitucional el «Don’t ask, don’t tell» entre en vigor de forma inmediata

Una buena noticia. La jueza federal Virginia A. Phillips ha hecho caso omiso de la petición de la administración Obama y ha ordenado al Ejército de Estados Unidos que cumpla de inmediato la sentencia que hace pocas semanas declaró inconstitucional la política de “Don’t ask, don’tell”, que impide a gays y lesbianas servir en el Ejército a no ser que mantengan oculta su orientación sexual.

Como hemos venido informando a lo largo de las últimas semanas, la jueza Phillips dio la razón a Log Cabin Republicans (grupo LGTB vinculado al Partido Republicano), que había demandado a la administración federal por la aplicación del “Don’t ask, don’t tell”, y declaró dicha legislación contraria a la Constitución de Estados Unidos. La administración Obama, a través del Departamento de Justicia, solicitó que por el momento la sentencia no se hiciera efectiva ni en el territorio nacional ni entre las tropas que se encuentran en el extranjero, argumentando que ello podría afectar a la operatividad de las operaciones. Una petición que anticipa su previsible apelación, para cuya presentación la administración federal dispone de dos meses.

La jueza Phillips, sin embargo, ha ordenado que la sentencia entre ya en vigor, instando al Ejército a la suspensión inmediata de cualquier investigación, despido, separación u otro proceso que pueda haber dado comienzo.

La derogación del «Don’t ask, don’t tell» por vía legislativa, hasta ahora la única vía admitida por la administración Obama, quedó bloqueada en el Senado debido al “filibusterismo” de los republicanos. Una derogación ya aprobada por la Cámara de Representantes (si bien condicionada al visto bueno del Pentágono) pero que el Senado no volvería a discutir, en todo caso, hasta una sesión “de rescate” que se celebraría a finales de año. Ya se habrían celebrado las elecciones de noviembre (que entre otras cosas deben renovar un tercio de los miembros del Senado) pero los nuevos senadores todavía no habrían tomado posesión de su cargo.

Colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles han pedido a la administración Obama que, independientemente del proceso legislativo, deje pasar el plazo de dos meses y no ejerza su derecho de apelación contra la sentencia de la jueza Phillips, de forma que el «Don’t ask, don’t tell» quede derogado de facto. Incluso 21 senadores demócratas lo han pedido en una carta pública. No parece probable que les vaya a hacer caso, teniendo en cuenta lo sucedido con otra importante sentencia…

La administración Obama apela la inconstitucionalidad del DOMA

Y es que el Departamento de Justicia ha hecho oídos sordos a las demandas del colectivo LGTB y este martes comunicó oficialmente su intención de apelar otra importante sentencia, emitida el pasado julio por Joseph Tauro, un juez federal de Massachusetts, que consideró inconstitucionales elementos fundamentales de la Defense of Marriage Act (DOMA), la ley que impide el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
 
La sentencia del juez Tauro resolvió dos demandas contra la administración federal estadounidense. Una de ellas fue interpuesta por el propio estado de Massachusetts, el primero de los estados del país en autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La otra fue interpuesta por la organización GLAD (Gay and Lesbian Advocates and Defenders) en nombre de siete parejas casadas y tres viudos de Massachusetts a los que la administración federal negó los beneficios que les hubieran correspondido de haberse casado con una persona del otro sexo. “De acuerdo a la DOMA, la orientación sexual es el único elemento que establece que una pareja casada pueda acogerse o no a los beneficios federales”, determinó entonces el fallo. “Esta Corte no entiende en qué sentido esta diferencia puede ser relevante para la concesión o no de un beneficio”, añadía…

Una sentencia que la cada vez más decepcionante administración Obama ha decidido apelar. Una administración, por cierto, que está demostrando un celo extremo a la hora de defender ante los tribunales la legislación discriminatoria heredada de anteriores administraciones…