La justicia británica falla a favor de la destitución como asesora en materia de adopción de una pediatra homófoba

Sheila Matthews, pediatra británica contraria a la adopción por parejas del mismo sexo en base a sus principios religiosos, ha perdido la demanda que había planteado contra el Consejo del Condado de Northamptonshire, que la destituyó de su puesto como miembro del panel de expertos que asesoran sobre las adopciones que tienen lugar en esa jurisdicción del centro de Inglaterra.
 
Matthews había solicitado a las autoridades del condado acogerse a la objeción de conciencia y no participar en procesos de adopción por parejas del mismo sexo (autorizados en el Reino Unido desde 2004, antes incluso de que se aprobara la actual legislación británica de uniones civiles). El Consejo no se lo permitió, y acabó por destituirla al no cumplir con sus obligaciones.
 
La pediatra acudió a los tribunales argumentado haber sido víctima de discriminación por motivos religiosos, relacionando el despido con su posición contraria a las relaciones homosexuales y a la adopción por parejas del mismo sexo, basada, según ella misma ha reconocido, en sus creencias cristianas. «La Biblia es muy clara respecto a que la práctica homosexual no es como Dios quiere que vivamos», afirmó ante el tribunal. Matthews no perdió ocasión, eso sí, de argumentar también que «el estilo de vida gay» conlleva más riesgo de depresión, de suicidio, de abuso de sustancias, de enfermedades de transmisión sexual e incluso de «ciertos cánceres».  Añadió además que los hijos educados por lesbianas crecen “con un sesgo anti-masculino”, mientras que los educados por gays tienen más posibilidades de «considerar la posibilidad o incluso de involucrarse ellos mísmos en una relación homosexual”.
 
John MacMillan, el juez que ha visto el caso, no se dejó embaucar por la palabreria pseudocientífica de Matthews y ha fallado que los hechos no muestran que haya existido discriminación alguna por motivos religiosos. No se trata de la primera vez, por cierto, que la justicia británica para los pies a funcionarios o empleados públicos que, en base a sus creencias religiosas, no cumplen con su obligación de atender a las parejas del mismo sexo en el ejercicio de sus funciones. Hace pocos menos de un año era desestimado, por ejemplo, el recurso de una funcionaria del Registro Civil que se negaba a registrar uniones civiles.