El Senado aprueba, con tres años de retraso, la renovación del Tribunal Constitucional

Con tres años de retraso, el Senado ha aprobado la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional cuya elección le corresponde, y que agotaron su mandato en 2007. Tras esta renovación, al menos sobre el papel, el Constitucional queda menos escorado a la derecha, lo que cabe interpretar (con todas las precauciones) como una buena noticia cara a la resolución del recurso que desde hace cinco años el Partido Popular (PP) mantiene contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De los cuatro juristas que abandonan el Constitucional, tres tienen un perfil conservador (Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata) y uno es considerado progresista (la actual presidenta, María Emilia Casas). Los sustituyen dos nuevos miembros propuestos por el PP: Francisco Hernando (el que fuera presidente del anterior Consejo General del Poder Judicial) y Francisco Pérez de los Cobos (catedrático de Derecho Laboral) y dos propuestos por el PSOE: Adela Asúa (catedrática de Derecho Penal) y Luis Ortega (catedrático de Derecho Contencioso-Administrativo).

Los cuatro candidatos han contado con el apoyo de PSOE, PP y PSC (que en el Senado actúa de forma separada), además de PNV y BNG. Iniativa per Catalunya-Verds solo ha votado a los candidatos no conservadores (Asúa y Ortega). CiU ha votado en blanco, y por lo que respecta a ERC, sus senadores han tachado los nombres de Hernando y Pérez de los Cobos y escrito encima los de los candidatos propuestos por el Parlamento catalán (Encarnación Roca y Antoni Rovira), que no figuraban entre los cuatro que finalmente fueron seleccionados.

Como explicamos en su momento, el acuerdo entre PSOE y PP fue posible gracias a que el PP retiró finalmente la candidatura de Enrique López (que no reunía los requisitos exigidos para ser miembro del Constitucional, pero que los populares querían a toda costa introducir en el tribunal) aunque mantuvo la de Francisco Hernando. Ambos han hecho gala de sus posiciones conservadoras: los dos votaron en su momento a favor de un informe del anterior Consejo General del Poder Judicial que atacaba frontalmente al matrimonio entre personas del mismo sexo. Un informe que llegó a compararlo con la zoofilia o los tríos, aunque la frase fue eliminada de la versión final. López también defendió en su momento a la jueza homófoba Laura Alabau. El PP, no obstante, no renuncia a colocar finalmente a López en el Constitucional cuando haya que proceder a la renovación de los miembros que corresponde al Congreso.

¿Cómo afecta la renovación al recurso sobre el matrimonio?

Desde hace cinco años, el PP mantiene ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el derecho de gays y lesbianas a contraer matrimonio. A priori, la renovación debería inclinar la balanza hacia la constitucionalidad de la ley, aunque no necesariamente los miembros del Constitucional votan de acuerdo a la ideología de los partidos que los propusieron.

Esta divergencia es más notable en el caso de los supuestamente considerados “progresistas”. Un caso destacado es el de Eugeni Gay, jurista catalán propuesto por el PSOE pero cuyas convicciones católicas le hacen un seguro opositor a la ley del aborto, también recurrida por el PP. Se desconoce cual será su postura frente al matrimonio entre personas del mismo sexo.