El Senado de Estados Unidos podría poner punto final este sábado a la política de «Don’t ask, don’t tell»

Este sábado puede ser un día importante para los derechos LGTB en Estados Unidos. Tres días después de que la Cámara de Representantes aprobara la derogación de la política de «Don’t ask, don’t tell», el Senado puede votar una propuesta que en el mismo sentido. Y en esta ocasión parece factible alcanzar los 60 votos necesarios…

Como hemos venido informando a lo largo de las últimas semanas, la derogación de la política que prohíbe a gays y lesbianas servir en el Ejército a no ser que mantengan en secreto su orientación sexual ha sido derrotada por dos veces en el Senado, que se ha negado a tramitar la National Defense Authorization Act, el paquete presupuestario de Defensa (dentro del cual se incluía la derogación). Para poder hacerlo era necesario alcanzar 60 votos de los 100 posibles, y en la última de las votaciones solo fue posible alcanzar 57.

Ahora la propuesta se presenta de forma «exclusiva», no vinculada a ningún otro proyecto de ley. En el caso del Senado, ha sido promovida por los senadores Joseph Lieberman (independiente alineado con los demócratas) y Susan Collins (republicana moderada). En este momento contaría con 56 de los 57 votos de la última ocasión (55 demócratas y el de la propia Collins, dado que el senador demócrata Ron Wyden puede estar ausente por enfermedad) y varios votos más pertenecientes a senadores republicanos. Se dan casi por seguros los de Olympia Snowe (Maine), Scott Brown (Massachusetts) y Lisa Murkowski (Alaska), pero también podrían producirse los de Richard Lugar (Indiana) y George Voinovich (Ohio). Se desconoce que hará Joseph Manchin, el único demócrata que hace unos días votó en contra de la derogación.

En definitiva, suspense hasta el último momento…

En caso de derrota, Obama podría permitir la «derogación judicial»

En caso de fracaso no todo estaría perdido. A día de hoy, está pendiente que se resuelva la apelación a la sentencia de la jueza federal de California Virginia A. Philips, que en septiembre declaró inconstitucional el «Don’t ask, don’t tell”. Paradójicamente, es la propia administración Obama, a través del Departamento de Justicia, la que ha anunciado su intención de apelar. Una sentencia cuya aplicación se encuentra en suspenso por decisión de la Corte de Apelaciones de San Francisco (avalada por el Tribunal Supremo) ante el «preaviso» de apelación.

La importante novedad, desvelada por el demócrata Barney Frank (uno de los miembros abiertamente gays de la Cámara de Representantes) es que en caso de que finalmente la política de «Don’t ask, don’t tell» no sea derogada antes de que en enero se renueve el Congreso (con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes que haría virtualmente imposible la derogación), el Presidente Obama renunciaría a presentar la apelación y defender la ley en los tribunales, con lo que ésta sería considerada inconstitucional y dejaría de aplicarse.