Illinois aprueba una ley de uniones civiles que contempla a las parejas del mismo sexo
Las cámaras legislativas de Illinois han aprobado el proyecto de ley de uniones civiles que otorga a las parejas del mismo sexo derechos muy similares a los del matrimonio en ese estado. Lo han hecho por 61 votos a 52 en la Cámara de Representantes y por 32 votos a 24 en el Senado. El recientemente reelegido Gobernador Pat Quinn tiene ahora las manos libres para sancionarlo.
Como informamos tras las elecciones de noviembre, la reelección del demócrata Quinn fue una de las buenas noticias que el proceso electoral deparó al colectivo LGTB. Quinn derrotó al republicano Bill Brady, un político especialmente hostil a los derechos civiles de gays y lesbianas, que durante su etapa como senador estatal intentó promover una iniciativa para elevar a rango constitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Illinois (que no salió adelante). Los demócratas también consiguieron mantener la mayoría en las dos cámaras legislativas del estado, aunque algo mermada.
Pese a no tratarse de una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo (se trata de una ley de uniones a la que de hecho pueden acogerse parejas de distinto sexo no casadas), el proyecto ha provocado la reacción airada de los grupos homófobos, y de hecho su aprobación se ha ido retrasando de una forma exasperante. Ya en marzo de 2009 el Comité de Familia de la Cámara de Representantes del estado dio el visto bueno a su tramitación por un ajustado margen de 5 votos a 4, y sin embargo no llegó a ser discutido en pleno. «Es un paso más hacia el matrimonio gay, a lo que me opongo», ha expresado por ejemplo el representante republicano Randy Ramey, uno de los que ha votado en contra.
De hecho, la aprobación del proyecto, promovido por el representante demócrata Greg Harris (abiertamente gay) no se ha producido hasta que han pasado las elecciones y han tenido lugar en las cámaras las tradicionales sesiones «de rescate» para cerrar temas pendientes que los órganos legislativos estadounidenses suelen celebrar antes de la toma de posesión de sus nuevos miembros. El proyecto ha contado, por cierto, con los votos favorables de algunos legisladores republicanos. Dos de ellos, Mark Beaubien y William Black, llegaron a intervenir ante la Cámara de Representantes para apoyar la medida.
Cambiando de estado, de Illinois a California, parece que las cosas pintan bien para las apelaciones sobre la Proposición 8:
http://www.cbsnews.com/8301-504564_162-20024762-504564.html
Aunque lo mejor, en mi opinión, es que se considerara que la parte recurrente no tiene capacidad para actuar, y la sentencia anterior se hiciera firme.
Nazareno, según esta noticia la decisión final puede demorar varios años. Yo la verdad es que ya me perdí hace tiempo en este embrollo que se ha montado en California.
http://www.impre.com/laopinion/noticias/primera-pagina/2010/12/7/crece-la-esperanza-entre-los-d-226594-1.html#commentsBlock
#2 Es un país donde el Poder tiene muchos contrapesos y casi nada se puede dar por seguro.
Excepto cuando deciden que una ley como la Patriot Act es buena y dejan al ejecutivo de Washington hacer lo que le salga del nabo en seguridad. El miedo es lo que tiene.
Si hay un principio claro de la Constitución de EEUU es que la acumulación de poder siempre lleva a excesos. Seguro que Jefferson habría defendido a wikileaks.
Anteayer vi en FoxNews a Newt Gingrich «cagándose» en la primera enmienda por lo de ikileaks. Lo curioso es que para él el Times no ha hecho nada malo. En EEUU, si acusan a Assange, tendría que ser bajo una ley contra el espionaje de la primera guerra mundial.
Llanito, no es que te ignore al no responderte, es que el post que publica hoy mismo D.M. es muy aclaratorio al respecto.
Mi preferencia por una decisión que se centre en la capacidad de la parte recurrente para actuar, se debe a que, además de limitar el efecto de la sentencia del juez Walker al estado de California, haría que lo que llegase al Tribunal Supremo de Estados Unidos fuese una cuestión de forma, limitándose la hipotética resolución a ese ámbito, sin entrar en el fondo de la cuestión. Así el Tribunal Supremo no se pronunciaría sobre si la Constitución de EE.UU. ampara el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, sino sobre la capacidad para recurrir la sentencia de Walker de los partidarios de la Proposición 8, desasistidos del respaldo del Gobernador y del Fiscal General del estado de California.