La política de «Dont ask, don’t tell» le ha costado al Ejército estadounidense más de 193 millones de dólares en seis años

Además de discriminatoria, cara. La política de “Don’t ask, don’t tell”, que impedía a gays y lesbianas formar parte del Ejército estadounidense a no ser que mantuvieran en estricto secreto su orientación sexual, ha supuesto un coste directo para la administración estadounidense de más de 193 millones de dólares solo entre 2004 y 2009.

Así consta en el informe que la administración estadounidense ha elaborado en respuesta a una pregunta de la congresista demócrata por California Susan Davis, y que puedes consultar en su integridad pinchando aquí (en inglés, formato PDF). Dicha cifra incluye los gastos administrativos que han supuesto los procesos de expulsión de 3.664 militares (unos 52.800 dólares por persona, como media) así como los costes que ha supuesto su sustitución. Una sustitución compleja en el 39% de los casos (el porcentaje de militares gays y lesbianas expulsados que ocupaban puestos sensibles, entre ellos especialistas en lenguas extranjeras). Un caso especialmente conocido es, por ejemplo, el del teniente Dan Choi, uno de los militares expulsados durante este periodo, veterano de la guerra de Irak y especialista en lengua árabe.

Tras conocer el informe, Susan Davis mostró su convencimiento de que la derogación del «Don’t ask, don’t tell», aprobada por el Senado en diciembre tras un tortuoso proceso, era «lo que había que hacer«. «Los contribuyentes estadounidenses ya no financiarán con sus impuestos la expulsión de patriotas que lo único que desean es servir a su país», declaró.

La derogación de la política de «Don’t ask, don’t tell» fue sancionada por el Presidente Barack Obama el pasado 22 de diciembre, aunque eso no significa que militares gays y lesbianas se encuentren ya totalmente seguros. Como adelantábamos también en diciembre, todavía debe transcurrir un periodo transitorio tras el cual el propio Presidente Obama, su secretario de Defensa Robert Gates y el jefe del Estado Mayor, almirante Michael Mullen, deben “certificar” que la nueva política no compromete “el nivel de preparación de las fuerzas armadas, su eficacia, la cohesión de las unidades y el reclutamiento”, lo que podría hacerse esperar semanas.

Una vez que la certificación sea enviada a los respectivos comités militares de Cámara de Representantes y Senado, habrá que esperar otros 60 días hasta que la ley entre efectivamente en vigor. Hasta entonces, el Pentágono ha recordado que la política de “Don’t ask, don’t tell” se sigue considerando vigente, aunque su aplicación se encuentre de facto paralizada.