Estados Unidos mantiene las deportaciones de los extranjeros casados o unidos civilmente a ciudadanos estadounidenses de su mismo sexo

La Defense of Marriage Act (DOMA), ley que impide a la administración federal estadounidense reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, continúa generando situaciones de discriminación, como las deportaciones de extranjeros casados o unidos civilmente a ciudadanos estadounidenses de su mismo sexo. La pasada semana fueron detenidas dos de estas deportaciones. El Departamento de Justicia se ha apresurado a aclarar que se trata de situaciones específicas y que la DOMA se seguirá aplicando pese a las dudas sobre su constitucionalidad.

El pasado viernes, un juez de inmigración suspendía la deportación de Henry Velandia, ciudadano venezolano legalmente casado en Connecticut (uno de los estados que permiten el matrimonio igualitario) con Josh Vandiver, un ciudadano estadounidense. Una situación inconcebible en el caso de matrimonios heterosexuales, pero que en el caso de matrimonios homosexuales es la norma: a efectos de inmigración -competencia de la administración federal y no de los estados- las uniones civiles y los matrimonios entre personas del mismo sexo «no existen», pese a haberse celebrado legalmente en Estados Unidos, dado que la DOMA prohíbe su reconocimiento.

Un día antes, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ordenaba paralizar la deportación del ciudadano irlandés Paul Wilson Dorman, unido civilmente a un ciudadano estadounidense en Nueva Jersey (estado que permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo).

Ante la expectación generada por ambos casos, y sobre todo ante el hecho de que el propio fiscal general paralizara esta última deportación, el Departamento de Justicia se ha apresurado a asegurar que la política de la administración Obama continúa siendo la misma: mientras la ley esté vigente, se seguirá aplicando. Según Tracy Schmaler, portavoz del fiscal general, la intercesión en este último caso se debía únicamente a que se consideraba que el afectado no había agotado todas las instancias legales.

Una ley cuestionada en los tribunales

Se da la circunstancia de que la constitucionalidad de la DOMA está siendo cuestionada en varios procesos judiciales. En uno de ellos, un juez federal de Massachusetts ya declaró inconstitucionales varios aspectos de la ley en julio de 2010. La administración Obama, tras diversos titubeos, finalmente anunciaba en febrero que no asumiría la defensa jurídica de la ley.

Una decisión que abría un nuevo escenario: mientras que la derogación de la DOMA por vía legislativa parece imposible mientras los republicanos tengan el control de la Cámara de Representantes, las resoluciones judiciales contra dicha ley podrían comenzar a acumularse. De hecho, la propia Cámara de Representantes, en un gesto poco habitual, decidía poco después asumir su defensa jurídica con el voto exclusivo de los republicanos.

Las organizaciones de defensa de los derechos LGTB ya han pedido a la administración Obama que dé un paso más y que, además de abstenerse de defender la DOMA, paralice todas las deportaciones de las parejas extranjeras de ciudadanos estadounidenses gays y lesbianas hasta que los tribunales se pronuncien de forma definitiva sobre su constitucionalidad, al menos en lo que a este aspecto se refiere.