El Parlamento holandés exige a su Gobierno que ningún funcionario del país pueda negarse a celebrar bodas entre parejas del mismo sexo

Por una clara mayoría de 84 votos contra 58, el Parlamento holandés ha decidido poner fin a una de las pocas excepciones discriminatorias hacia las parejas del mismo sexo que aún persisten en algunos municipios del país. El Parlamento ha exigido al Gobierno que implemente las reformas legales necesarias para impedir que ningún funcionario pueda negarse ya, alegando motivos religiosos, a tramitar bodas entre personas del mismo sexo.

La medida contaba con la fuerte oposición tanto de los democristianos como del SGP, un pequeño partido calvinista, uno de cuyos miembros, funcionario del Ayuntamiento de La Haya, ha sido despedido por dicho motivo. Y es que ya son numerosas las ciudades holandesas que han decidido acabar con la discriminación. Ámsterdam decidió hacerlo en 2007, de forma que desde esa fecha la capital solo contrata funcionarios que no tienen problema alguno en tramitar y celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Aún así, recientemente han sido denunciados dos casos de funcionarias que sí se han negado. En un caso se trató de una trabajadora contratada antes de 2007, pero en el otro se trató de una mujer que al parecer mintió en su entrevista de trabajo. El concejal de distrito Ronald Mauer, de hecho, prometía en junio que a partir de ahora se haría una evaluación anual de los funcionarios de su distrito para asegurarse que ninguna pareja es discriminada.

Otros muchos municipios han seguido el ejemplo de Ámsterdam: además de La Haya, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht o Groninga, por ejemplo. Pero numerosos municipios más pequeños se resisten a terminar con la discriminación. El propio Gobierno holandés, del que los democristianos forman parte, también se oponía a la medida. En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno no se ha visto apoyado por el PVV (Partido de la Libertad, un partido “antiinmigración musulmana” que con sus votos asegura la mayoría parlamentaria a la alianza de Gobierno entre liberales y democristianos) que en este caso ha considerado que defender la situación actual les colocaba en una posición cercana a los islamistas a los que tanto rechazan.

A la espera de ver como se implementa la decisión del Parlamento, esta ha sido bienvenida por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB. «Esperamos que el Gobierno se ponga manos a la obra y trabaje rápidamente para impedir a los funcionarios holandeses que puedan discriminar desde sus puestos de trabajo», ha declarado Vera Bergkamp, representante de COC, la organización LGTB más importante del país. COC tiene documentados hasta 102 funcionarios pertenecientes a 58 municipios que se niegan a tramitar bodas entre personas del mismo sexo. La gran mayoría argumentan su fe cristiana como motivo.

Un residuo discriminatorio

La mal llamada “objeción de conciencia” a la hora de celebrar bodas entre parejas del mismo sexo es un residuo discriminatorio ya desterrado, por cierto, en países como Canadá y España. También lo ha sido en Reino Unido, país que no permite el matrimonio igualitario pero sí las uniones civiles, ante las que algunos funcionarios también han querido objetar alegando razones religiosas.

En este último país, el anuncio de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC, un organismo independiente) de que apoyaría “compromisos razonables” en ese sentido reabrió el debate este verano, para indignación de los colectivos LGTB, que no entienden que se intente ser comprensivo ante una práctica discriminatoria en la prestación de un servicio público que nadie permitiría por razones de raza o religión. El propio EHRC acabó dando marcha atrás semanas después.