Estados Unidos sigue sin tener en cuenta a las parejas binacionales del mismo sexo en sus directrices de deportación

Las nuevas directrices de la administración federal estadounidense sobre la deportación de personas que no son ciudadanos del país siguen sin tener en cuenta a las parejas del mismo sexo, al menos de un modo explícito. A día de hoy, por ejemplo, sigue siendo posible que el cónyuge extranjero de un ciudadano estadounidense sea expulsado del país, algo inconcebible cuando se trata de matrimonios heterosexuales.

En Estados Unidos sigue vigente la DOMA (Defense of Marriage Act), una ley que impide a la administración federal reconocer a las parejas del mismo sexo (cada vez más contestada, y sobre cuya derogación ya se ha iniciado un proceso que promete ser largo y complicado). En virtud de la DOMA, el cónyuge no estadounidense de un ciudadano estadounidense puede ser expulsado del país una vez vence su correspondiente visado. Una situación inconcebible en el caso de matrimonios heterosexuales, pero en el caso de matrimonios homosexuales es la norma: a efectos de inmigración -competencia de la administración federal y no de los estados- las uniones civiles y los matrimonios entre personas del mismo sexo “no existen”, pese a haberse celebrado legalmente en Estados Unidos, dado que la DOMA lo prohíbe.

La administración Obama, en estos momentos, considera que la DOMA es inconstitucional, y de hecho desde hace meses ha dejado de defenderla en los tribunales, ante los cuales esta ley es cada vez más desafiada. Por lo que se refiere a sus efectos sobre la política de deportaciones, en junio de este año las autoridades de inmigración cancelaron de forma definitiva el proceso de deportación de Henry Velandia, un ciudadano venezolano legalmente casado en Connecticut con un ciudadano estadounidense. Previamente había cancelado la deportación del ciudadano irlandés Paul Wilson Dorman, unido civilmente a otro ciudadano estadounidense en Nueva Jersey. Gestos que parecen confirmar la buena voluntad de la administración Obama, pero que no dejan de ser casos puntuales.

Defensores de los derechos LGTB esperaban que las nuevas directrices recogieran recomendaciones específicas para estos casos. No ha sido así. Sí que se establecen una serie de nuevas circunstancias que hacen que las deportaciones pasen a ser consideradas como de «prioridad baja», y entre ellas se menciona el hecho de tener «un familiar inmediato» que sí es ciudadano estadounidense. Esta condición sería un eufemismo destinado a evitar la mención a las parejas del mismo sexo, pero los defensores de los derechos LGTB consideran que obliga a «leer entre líneas» y no deja de ser una expresión subjetiva.

Las críticas no proceden únicamente de los grupos de defensa de los derechos LGTB. El congresista demócrata por Nueva York Jerrold Nadler, uno de los miembros de la Cámara de Representantes más activamente pro-LGTB (y uno de los promotores de la iniciativa para derogar la DOMA), ha expresado en un comunicado su «frustración» por la exclusión y ha anunciado que seguirá luchando en el Congreso para resolver este problema.