Funcionarios de Míchigan llevan a los tribunales una ley que despoja a las uniones civiles de cobertura sanitaria

La American Civil Liberties Union (UCLA) está actuando contra una nueva ley que prohíbe a muchas agencias públicas del estado de Míchigan proporcionar prestaciones en materia sanitaria a las parejas civiles de sus empleados. Cuatro funcionarios y sus parejas están colaborando con la ACLU para interponer la demanda a nivel federal.

«No se trata de política o de ideología» ha declarado Peter Ways, profesor en Ann Arbor y demandante. «Se trata de familias reales que se están enfrentando a las consecuencias reales de leyes discriminatorias. Queremos cuidar de nuestras familias, exactamente igual que nuestros compañeros [heterosexuales] cuyas familias continuarán recibiendo cobertura sanitaria.»

Según Kary L. Moss, director ejecutivo de la ACLU of Míchigan, esta legislación fue introducida a instancias del Gobernador republicano Rick Snyder como una medida para reducir gastos, pero el objetivo real era la marginación de las familias LGTB, que tienen prohibido contraer matrimonio en ese estado. Para la organización, la promesa de reducir los gastos no se corresponde con la realidad, ya que el coste de cubrir a las parejas civiles de funcionarios públicos es menos del 1% del presupuesto de salud de todo el estado. Además, dicho estado perderá ahora algunos ingresos, ya que las parejas civiles de funcionarios debían pagar impuestos por sus prestaciones sanitarias. Y, por si fuera poco, un reciente informe de la Agencia Fiscal del Senado estima que las arcas de Míchigan podrían saldar el último año fiscal con un superávit de más de mil millones de dólares.

La abogada de la ACLU Amanda C. Goad ha descrito la ley como especialmente dura en un momento de crisis económica, cuando el estado debería ayudar a las familias a ahorrar dinero. «Es inconstitucional que el estado de Míchigan deje a un pequeño número de trabajadores sin los medios para cuidar de sus seres queridos cuando otros trabajadores en condiciones similares sí tienen acceso a la cobertura familiar,» declaró el jueves.

Algo similar ocurrió en el estado de Arizona en 2009 cuando la Gobernadora republicana Jan Brewer promovió la aprobación de una ley que habría retirado las prestaciones sanitarias a todas las parejas no casadas, así como a sus hijos. Las parejas no casadas heterosexuales podrían recuperar la prestación contrayendo matrimonio, no así las homosexuales, que también tienen prohibido ese derecho en Arizona. El grupo Lambda Legal recurrió judicialmente, en nombre de varias parejas de funcionarios homosexuales del estado, y afortunadamente una Corte federal de Apelaciones determinó en septiembre de 2011 que el estado debía seguir financiando prestaciones en materia sanitaria a las parejas de sus funcionarios homosexuales al igual que hace con las parejas heterosexuales casadas.