El Gobierno de Canadá propone acabar con el vacío legal que concierne a los matrimonios entre ciudadanos extranjeros del mismo sexo

El Gobierno federal de Canadá, presidido por el conservador Stephen Harper, ha presentado al Parlamento un proyecto de ley que pretende poner fin a la polémica generada en enero por su fallido intento de considerar nulos miles de matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados por ciudadanos extranjeros en Canadá. Varios colectivos LGTB lo han celebrado, pero no faltan los que acusan al Gobierno de aplicar en cualquier caso un doble rasero.

La polémica se desataba tras revelar el diario The Globe and Mail el contenido de un documento presentado por un abogado del Departamento federal de Justicia ante el juez que examinaba una demanda de divorcio presentada por dos mujeres, una inglesa y otra estadounidense, que se habían casado en Toronto en 2005. La existencia de un vacío legal por lo que a los periodos de residencia exigidos para contraer matrimonio y divorciarse se refiere, permitía, en efecto, interpretar que los matrimonios celebrados por nacionales de países que no reconocen el matrimonio igualitario en su propio territorio no eran válidos. De haber prevalecido la interpretación defendida en ese documento, se hubiera precipitado a miles de parejas a una situación de inseguridad jurídica de impredecibles implicaciones legales y económicas.

Como cabía esperar, la noticia generó una enorme polémica, sobre todo en Estados Unidos, país en el que residen el mayor número de afectados. Después de resistirse inicialmente y ante el tsunami de críticas, el Gobierno federal canadiense (que ha negado en todo momento haber querido reabrir el debate sobre los derechos civiles de gays y lesbianas) confirmó la validez de todos los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en Canadá y aseguró que legislaría para evitar problemas futuros y permitir a “todas las parejas casadas en Canadá divorciarse en Canadá”.

La propuesta del Gobierno y las reacciones que ha suscitado

El ministro federal de Justicia Rob Nicholson ha afirmado que las enmiendas propuestas ahora a la legislación matrimonial acaban con el vacío legal existente, permitiendo a los tribunales canadienses otorgar el divorcio a parejas del mismo sexo no residentes en el país que se hayan separado y hayan estado viviendo por lo menos un año en una nación donde no se reconozca la validez de su unión. El proceso no concierne cuestiones tan importantes como la custodia de los hijos, compensaciones financieras o acuerdos de manutención, que deberán ser regulados a través de las normas vigentes en el país de residencia de la pareja.

La medida se aplicará solo si ninguno de los cónyuges vive en Canadá en el momento de presentar la demanda de divorcio y requiere además que esta sea presentada conjuntamente. Si esto no ocurre, será necesario que un tribunal del país de origen de la pareja testifique que la petición responde a los requisitos legales previstos por la ley canadiense para tramitar una demanda de divorcio.

El anuncio de estas enmiendas ha sido celebrado por algunos colectivos LGTB. No faltan, sin embargo, los que consideran que la nueva norma crea más problemas de los que resuelve. El conocido abogado de familia Michael Cochrane ha tachado la medida de “insensata” y ha dicho que introduce un “doble rasero”. Según Cochrane, se exigen condiciones de difícil aplicación para que muchas parejas puedan obtener el divorcio. La abogada Martha McCarthy, por su parte, ha afirmado que el Gobierno nunca debía haber puesto en duda la validez de los matrimonios. «Aquel argumento no debería haber sido utilizado nunca”, ha declarado.