El Gobierno de Uganda ha expresado a través de un comunicado oficial que no apoya el proyecto de ley reintroducido esta semana en el Parlamento de ese país por el diputado David Bahati, que persigue endurecer todavía más las penas a las personas condenadas por mantener relaciones homosexuales, si bien considera legítima su discusión parlamentaria. Bahati, mientras tanto, ha anunciado su disposición a renunciar a la pena de muerte para así conseguir un mayor apoyo.
De hecho, el propio Gobierno de Uganda ha querido resaltar que, pese a no contar con su apoyo, «en caso de ser aprobada» la ley no contemplaría la pena de muerte en ningún caso. El Gobierno ugandés quiere probablemente evitar la polémica internacional que levantó el anterior intento de aprobar el proyecto, que al final quedó sin votar antes de que en mayo de 2011 finalizara la anterior legislatura.
Parece poco probable, sin embargo, que lo consiga. Incluso eliminando la pena de muerte (que el proyecto tal y como está ahora redactado se aplicaría, por ejemplo a los homosexuales infectados por VIH que mantengan relaciones) las penas que recoge son infames. Una sola relación homosexual sería castigada con siete años de prisión. La «reincidencia» sería castigada con prisión perpetua. También serían castigados con penas de cárcel quienes colaboraran o dieran cobertura a personas homosexuales. Incluso serían castigadas con multas aquellas personas que siendo conocedores de una relación homosexual no la denuncien en el plazo de 24 horas. Ello haría imposible, por ejemplo, el trabajo de organizaciones de defensa de los derechos LGTB.
Ayer leí una entrevista a un periodista free lance que hablaba, de pasada de Uganda:
Rebelion.org
En resumen: ni la ONU ni la prensa ni nadie en Occidente moverá un dedo por ellos.