El retraso en la resolución del Constitucional sobre el matrimonio igualitario acumula un año más pese a la promesa de su presidente

14  de febrero de 2011. Pascual Sala, recién elegido Presidente del Tribunal Constitucional, manifiesta que el recurso del PP contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo se resolverá antes de un año. El año ya ha transcurrido, el recurso sigue pendiente de resolución (el retraso acumula casi seis años y medio) y el PP ya ha mostrado su voluntad de acelerar la renovación del alto tribunal, que previsiblemente dará lugar a una clara mayoría conservadora.

Fue en septiembre de 2005 cuando Mariano Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el derecho de las parejas del mismo a contraer matrimonio y adoptar hijos conjuntamente. Un recurso cuya resolución ha sido continuamente dejada de lado en favor de otros recursos, como el que se resolvió en 2010 con la invalidación de parte del nuevo estatuto de autonomía de Cataluña.

Fue tras la resolución de este último cuando se produjo la renovación de cuatro de los miembros del Constitucional (los correspondientes al Senado), lo que favorecía la conformación de una nueva mayoría supuestamente progresista. Ello despertó las esperanzas de que por fin se afrontara la resolución del recurso, y de que esta se inclinara hacia la constitucionalidad de la ley, aunque no necesariamente los miembros del Constitucional votan de acuerdo a la ideología de los partidos que los propusieron (esta divergencia es especialmente notable en el caso de los “progresistas”).

El recurso sigue sin resolverse, sin embargo. Está además pendiente la renovación de otros cuatro miembros del alto tribunal, los que corresponden al Congreso de los Diputados, ya que en noviembre de 2010 venció el periodo para el cual fueron elegidos (uno de los puestos permanece vacante desde 2008 por fallecimiento). Una renovación que permaneció bloqueada durante la anterior legislatura debido a la insistencia del PP en colocar en el Constitucional a Enrique López (que ya fue propuesto por el PP en el Senado, pero que no reunía los requisitos exigidos para ser miembro del Constitucional). Un candidato considerado inaceptable por el PSOE (y un firme opositor al matrimonio igualitario). Como ya adelantábamos hace un año, todo apuntaba a que el PP mantendría la situación de bloqueo hasta después de las elecciones generales. Y así ha sido. Ha bastado que el PP llegue al Gobierno para que la «renovación inmediata» del Constitucional se haya convertido en una prioridad para dicho partido.

El PP deriva la responsabilidad de lo que pase al Constitucional

Mientras tanto, desde el PP se deriva ahora la responsabilidad de lo que pueda suceder al alto tribunal, como si este fuera un actor ajeno a las componendas políticas. Como hemos venido informando estos días, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, incluso se ha posicionado «a título personal» a favor de la constitucionalidad del matrimonio igualitario, al tiempo que ha argumentando que ya no es posible retirar el recurso. Un posicionamiento que, más allá de sus intenciones, ha provocado todo un aluvión de declaraciones cruzadas en el PP.

El último de los pronunciamientos ha sido el de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que este lunes no ha querido dar su opinión personal al ser preguntada por el tema. Según Cospedal «no valen opiniones de nadie para querer forzar una decisión» y quien tiene que decidir… es el Tribunal Constitucional.