El Gobernador de San Petersburgo firma la nueva ley homófoba, que la iglesia ortodoxa pide se haga extensiva a todo el país

La ley homófoba recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa de San Petersburgo ha sido ya firmada por el Gobernador Georgiy Poltavchenko, convirtiendo a la antigua capital en el cuarto territorio ruso en prohibir la «propaganda homosexual a menores». Un eufemismo que en la práctica hará imposible la lucha contra el acoso homofóbico y los crímenes de odio y que dificultará sobremanera la celebración de eventos LGTB, como las marchas del Orgullo y similares. La iglesia ortodoxa rusa, satisfecha, ya ha pedido que la ley sea adoptada a nivel nacional.

De poco han valido las condenas del Parlamento Europeo, del Departamento de Estado de Estados Unidos o las diversas acciones de protesta de activistas LGTB y de derechos humanos, ya sea online (a través de la plataforma AllOut, que ha conseguido más de 270.000 firmas) o mediante manifestaciones y concentraciones. Hace más dos meses, precisamente, las adhesiones conseguidas entonces a través de AllOut le fueron trasladadas a Catherine Ashton -jefa de la diplomacia de la Unión Europea- en presencia de los eurodiputados Ulrike Lunacek y Michael Cashman, presidentes del Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo. De nada ha servido: San Petersburgo se ha unido a las regiones de Arkhangelsk, Ryazan y Kostroma, que ya disponen de legislaciones de este tipo. También en Moscú, la capital, se prepara el terreno para una medida similar. Los infractores de la norma d San Petersburgo e enfrentan a sanciones que pueden llegar, en el caso de organizaciones, hasta el medio millón de rublos (unos 12.500 euros).

Comienza ahora una larga carrera de obstáculos de los activistas rusos para luchar judicialmente contra esta ley, y llegar si es necesario hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene ya pendiente estudiar una demanda contra Rusia presentada por la activista Irina Fedotova por la primera de estas leyes, la aprobada en Ryazan. Un fallo favorable a los demandantes tendría, en este caso, gran importancia. También el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene previsto estudiar el caso de Ryazan.

Por lo pronto, el activista Nikolai Alekseev ha anunciado una demanda por difamación contra Vitaly Milonov, miembro del partido gubernamental Rusia Unida y promotor de la ley homófoba de San Petersburgo, que lo ha acusado de recibir dinero de organizaciones extranjeras.

Mientras tanto, la iglesia ortodoxa rusa ha pedido que este tipo de legislaciones sean adoptadas a nivel nacional. «La terquedad de las minorías sexuales y sus planes para manifestarse de nuevo frente a centros infantiles demuestra cuán oportuna fue la aprobación de la ley regional», ha afirmado Dmitri Pershin, jefe del comité de juventud de la iglesia ortodoxa rusa. «Sin dilación, se debe conceder a la ley un estatus federal, lo que ya es labor de los diputados», ha añadido.