Se agrava la homofobia de estado en Rusia: San Petersburgo aprueba definitivamente la prohibición de la «propaganda homosexual»

No por esperada la noticia deja de ser muy grave. La Asamblea Legislativa de San Petersburgo ha aprobado, por 29 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención (y con 15 de sus miembros ausentes), la normativa homófoba que se viene discutiendo en esa ciudad de Rusia desde hace semanas. La histórica San Petersburgo se une así a las regiones de Arkhangelsk, Ryazan y Kostroma, que ya disponen de legislaciones de este tipo. También en Moscú, la capital, se prepara el terreno para una medida similar.

Como los seguidores de dosmanzanas ya conocen, la nueva normativa prohíbe lo que llama “propaganda homosexual” a menores, algo que en la práctica hará imposible la lucha contra el acoso homofóbico y los crímenes de odio y que dificultará sobremanera la celebración de eventos LGTB públicos, como las marchas del Orgullo y similares. De poco han valido las condenas del Parlamento Europeo, del Departamento de Estado de Estados Unidos o las diversas acciones de protesta de activistas LGTB y de derechos humanos, ya sea online (a través de la plataforma AllOut, que ha conseguido ya más de 270.000 firmas) o mediante manifestaciones y concentraciones, como las que fueron convocadas este martes ante las Embajadas y Consulados de Rusia en varias ciudades del mundo (como Berlín, Buenos Aires, Milán, Nueva York, París o Río de Janeiro). Hace más dos meses, precisamente, las más de 246.000 adhesiones conseguidas entonces a través de AllOut le fueron trasladadas a Catherine Ashton -jefa de la diplomacia de la Unión Europea- en presencia de los eurodiputados Ulrike Lunacek y Michael Cashman, presidentes del Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo.

De nada ha servido: San Petersburgo ha pasado a ser desde este miércoles un lugar declaradamente hostil a las personas LGTB. Comienza ahora una larga carrera de obstáculos de los activistas rusos para luchar judicialmente contra esta ley, y llegar si es necesario hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene ya pendiente estudiar una demanda contra el estado ruso presentada por la activista Irina Fedotova por la primera de estas leyes, la aprobada en Ryazan. Un fallo favorable a los demandantes tendría, en este caso, gran importancia. También el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene previsto estudiar el caso de Ryazan.