Tras las críticas de SEISIDA, Ana Mato dice ahora que los inmigrantes irregulares con VIH serán atendidos mediante «convenios» con ONG

El reciente Real Decreto de reforma del sistema sanitario español aprobado por el Gobierno del PP acaba con uno de los que habían sido sus pilares desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986: la universalidad de la atención. Uno de los colectivos excluidos es el de los inmigrantes extranjeros en situación irregular, a los que solo se prestará asistencia en urgencias. Una medida que deja desatendidos, entre otros, a los inmigrantes irregulares que viven con el VIH. Ahora, y tras las advertencias de los riesgos que ello supone lanzadas por la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA)  la ministra Ana Mato asegura que no será así gracias a la firma de convenios entre comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población.

La falta de atención a este colectivo le condena a quedar desprotegido ante la evolución de la enfermedad y supone además un importante problema de salud pública, que pocos dudan contribuirá a la expansión de la enfermedad entre la población socialmente más vulnerable. Quizá por eso, o simplemente para acallar las críticas, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ana Mato, ha afirmado en una entrevista a Radio Nacional, de una forma ambigua y sin concretar plazos ni procedimientos, que los inmigrantes en situación irregular infectados por el VIH (y también los enfermos de cáncer) recibirán asistencia sanitaria a través de convenios entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población. «Está previsto en el marco del desarrollo reglamentario. Todas las comunidades autónomas tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en Atención Primaria», ha declarado.

Como bien explica El País, Mato no aclara que pasará, por ejemplo, con la dispensación de medicamentos a estos pacientes, que en la actualidad se hace a través de los servicios de farmacia hospitalaria. Para que sigan recibiendo la medicación debería arbitrarse un método para que las personas sin tarjeta sanitaria pudieran acudir a estos servicios, algo que ni siquiera hasta ahora se había logrado. El Centro Sandoval de Madrid, que atiende a una población a la que no se pide ningún tipo de papel y que tiene el mayor registro de personas con VIH de España, tiene que derivar a hospitales público a los pacientes cuando empeoran y necesitan medicación.

La afirmación de Ana Mato se produce después de que desde SEISIDA se denunciara en un duro comunicado que el recorte en este ámbito supone un retroceso «de más de 30 años en prevención, formación, información y tratamiento de las personas con VIH y sida. Conllevará, al igual que ha pasado en países como Grecia que también cercenaron servicios sociales y sanitarios esenciales, un aumento en el número de personas con VIH y que la epidemia tome un rumbo incontrolable y desconocido».

SEISIDA alerta de las graves consecuencias

«Si recortamos en el acceso a los servicios de salud a las personas sin tarjeta sanitaria, muchos de los cuales pueden estar infectados por el VIH, ¿cómo vamos a controlar la infección? ¿cómo vamos a integrar al paciente con VIH en el sistema de salud?», se pregunta SEISIDA. «No tratar, así como no diagnosticar, no sólo afecta las personas que son portadoras del VIH. Es una cuestión de Salud Pública. Una persona infectada con el VIH, y no diagnosticada por el motivo que sea –miedo, desconocimiento, falta de tarjeta sanitaria, etc.- puede transmitir la infección a más personas que si ya estuviera diagnosticada y tratada. A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde que en 1981 se creara el Plan Nacional del Sida, todavía hoy se estima que cada año se infectan más de 3.000 personas, y casi un 50% de éstos es diagnosticado cuando su sistema inmunológico estaba en mal estado, menos de 350 linfocitos CD4, lo que complica su tratamiento. Este número podría duplicarse e incluso triplicarse en una situación como actual. Y no hay que olvidar que los costes médicos directos de los pacientes diagnosticados de forma tardía son casi el doble que los de los pacientes diagnosticados en las fases iniciales de la infección», añade el comunicado.

«Pero no es sólo el infradiagnóstico de la infección por VIH el problema. ¿Qué puede pasar con aquellas personas que ya reciben tratamiento antirretroviral y que no tienen tarjeta sanitaria? Está demostrado que el tratamiento del VIH es una de las mejores medidas de prevención de la epidemia. Así lo reconoció la prestigiosa revista Science en 2011. ‘Tratar para prevenir’ es también la recomendación de la Sociedad Internacional del Sida, porque se ha demostrado que a menor cantidad de virus en sangre –carga viral- menor capacidad de transmisión. Además, interrumpir el tratamiento, o no seguirlo correctamente, implica un aumento en las resistencias a los medicamentos. Esta situación, no sólo perjudica a la persona infectada, ya de por sí muy grave, sino que puede cambiar el mapa de la epidemia en España, aumentando el número de virus resistentes circulantes en nuestro país, complicando aún más el tratamiento de las personas con VIH o sida y el control de la epidemia. Así, si se dificulta el acceso a los tratamientos a todos los que viven en España, independientemente de que tengan o no tarjeta sanitaria en vigor, se puede preveer un escenario muy diferente al actual en la epidemia del VIH y el sida», alertan también los especialistas.

Desde SEISIDA llaman además la atención sobre otras muchas cuestiones que el Real Decreto no aclara: qué sucederá con el copago en el caso de los tratamientos contra el VIH (no solo de los antirretrovirales, también de aquellos medicamentos necesarios para los problemas asociados) o el propio futuro del Plan Nacional del Sida tras los recortes anunciados. «Una reducción de más del 50% de su presupuesto ‘mutila’ al Plan Nacional del Sida y puede ‘tirar a la basura’ todos los logros conseguidos en España en la infección por VIH, mientras que la desaparición de los fondos destinados a las Comunidades Autónomas y la desaparición o reducción en las ayudas a las ONG en el presupuesto para el Plan Nacional del Sida puede producir una ‘cascada’ de acontecimientos, en la que poco a poco ‘desaparezcan’ los planes autonómicos del sida debido, no sólo a la falta de financiación estatal, sino a los propios recortes que se están produciendo en las comunidades autónomas«, avisa SEISIDA.

Actos de protesta

Precisamente este miércoles han tenido lugar en siete ciudades (Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza) actos simbólicos para denunciar los recortes en los fondos para la lucha contra el VIH y sus previsibles efectos sociosanitarios. Los actos han sido convocados por 300 entidades representadas por las plataformas estatales y autonómicas de respuesta al VIH/sida.

En palabras de Julio Gómez, presidente de la Red Comunitaria sobre VIH y sida (RedVIH), “parece que el Gobierno de España carece de una estrategia clara sobre cómo abordar la respuesta al VIH o bien no tiene voluntad política para hacerlo”. Gómez ha recordado que “a día de hoy no existe una persona responsable del Plan Nacional sobre el Sida, en un año en el que además finalizará la vigencia del Plan Multisectorial (…) Además existe una incertidumbre en torno al presupuestos asignado para la respuesta al VIH, que según algunas fuentes tendría un recorte del 50% o hasta más”.

“La Alianza de Plataformas del VIH exige al Gobierno garantice el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía y por tanto, sin exclusión de las personas inmigrantes no regularizadas, no solo por motivos solidarios y de justicia social sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH”, ha declarado por su parte Santiago Redondo, responsable de Salud de la FELGTB.

Jorge Garrido, miembro de la comisión permanente de la Coordinadora Estatal de VIH/sida (CESIDA) ha recordado que el Gobierno ha firmado además compromisos internacionales ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo o el Parlamento Europeo, para alcanzar el denominado “Objetivo cero: un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida”. “Desde la sociedad civil organizada exigimos el cumplimiento de dichos acuerdos”, ha remarcado.

Estas organizaciones han solicitado además la convocatoria de forma inmediata de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida.