Los médicos especialistas en VIH/sida alertan del riesgo y del sobrecoste económico de dejar a los inmigrantes irregulares sin tratamiento

Terribles previsiones las de Gesida (Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que agrupa a los especialistas médicos expertos en VIH/sida, y que calcula que entre 2.700 y 4.600 personas que viven con el VIH y que se encuentran en situación irregular en España quedarán sin tratamiento tras la decisión del Gobierno de retirarles la asistencia sanitaria a partir del 1 de septiembre.

A partir de ese día, en virtud del Real Decreto aprobado por el Gobierno y convalidado en el Parlamento con los votos del Partido Popular, la asistencia sanitaria en España dejará de ser universal. Aunque no es el único colectivo que quedará sin derecho a la asistencia médica regular (sí serán atendidos en los servicios de urgencia) y a la financiación de sus tratamientos, el de los inmigrantes en situación irregular es sin duda el más vulnerable. Entre ellos, miles de personas viven con el VIH y dependen para su supervivencia de una asistencia sanitaria pública que ahora se les negará y de unos medicamentos que difícilmente podrán pagar.

Una verguenza ética de primera magnitud, pero también una imprudencia desde el punto de vista sanitario, que conllevará además un aumento de costes. “Más allá de consideraciones éticas, los expertos de Gesida han querido advertir al Ministerio de Sanidad del ingente perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas —como tuberculosis— a la población general; y mayor probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria”, afirma el comunicado de Gesida, que coincide en sus conclusiones con las que ya en su momento expuso CESIDA (la Coordinadora Estatal de Asociaciones que trabajan en el ámbito del VIH).

Resulta sencillo de entender: cuando una persona infectada por el VIH deja su medicación, el virus comienza a replicarse y la persona pasa a ser más infectiva. Aumenta, por tanto, la posibilidad de nuevas transmisiones: los expertos calculan que en un año habrá entre 324  y 580 casos más. “En el capítulo de ahorros al sistema, a medio y largo plazo lo que vamos a obtener es un incremento de los costes de atención. Pero es que ni siquiera a corto plazo el ahorro se va a parecer en nada al que ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8 millones). Con previsiones muy a la baja, los costes directos que supondrá el decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondrán de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegación del tratamiento” explican los expertos. A ello hay que sumar los costes “que se derivarán del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitirán como consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamiento de los pacientes fuente”.

Para los especialistas médicos, la opción mencionada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, de que las ONG asuman «mediante convenios» el tratamiento de estas personas no es viable, ya que el manejo de una infección tan compleja debe hacerse en medio hospitalario. Coinciden, en este punto, con las opiniones ya expresadas por las propias ONG en semanas anteriores.

Sanidad sube además el precio que los pacientes deben pagar

La negación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular no ha sido la única iniciativa del Gobierno relacionada con la sanidad que afecta al tratamiento de la infección por VIH/sida. En el caso de las personas a las que el Sistema Nacional de Salud si financia su tratamiento, el Ministerio de Sanidad ha elevado el importe máximo que deben abonar, que ha pasado de los 2,64 euros actuales a 4,13 euros.

Los pacientes que utilizan fármacos contra el sida (al igual que todos los medicamentos y productos sanitarios de aportación reducida) financiados por el sistema público y dispensados a través de receta abonan el 10% de cada uno de ellos, siempre que el importe no supere una cantidad máxima, que es la actualizada por la resolución de Sanidad. Los pacientes aportarán ahora 4,13 euros como máximo por cada uno de estos medicamentos, frente a los 2,64 anteriores.